La subida del sueldo de los funcionarios se negocia a la baja

La vicepresidenta económica del Gobierno, Nadia Calviño, aseguró ayer que las negociaciones para sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado para 2021 están «muy avanzadas» y en las «próximas semanas» se iniciará el trámite parlamentario para sacarlos adelante.

Pero aunque las cuentas están casi listas aún se negocia sobre cuestiones con una fuerte carga para la coalición socialcomunista, como los sueldos de los empleados públicos. Aunque la congelación no es una opción para el «ala morada» del Ejecutivo, la subida podría quedar en testimonial el próximo ejercicio con el compromiso de avanzar en alzas significativas en los siguientes cursos, con las elecciones de 2023 en el horizonte.

La propia Calviño señaló que el indicador del deflactor del PIB se tendría en cuenta para mantener la capacidad adquisitiva de los funcionarios, lo que permitirá que, como en el caso de las pensiones, suban un 0,9% y que ambos colectivos no pierdan poder de compra aunque tampoco lo ganen.

El secretario general de Comisiones Obreras, Unai Sordo, aseguró ayer que desde el Gobierno se les ha trasladado que no habrá congelación del salario de los empleados públicos y atribuyó esa posibilidad al efecto de un «globo sonda». En un encuentro en el que también participó el secretario de Estado de Empleo y Economía Social, Joaquín Pérez Rey, este indicó que en los propósitos del Ejecutivo «no hay esta congelación de los salarios públicos».

En los últimos diez años los funcionarios de A1 (cuerpos técnicos del Estado, médicos, jueces…) han perdido de media 53.362 euros de capacidad adquisitiva; los A2 (enfermeras, gestores, maestros…) 40.478,87 euros y los C1 (Policía Local, administrativos del SEPE, Seguridad Social, Instituciones Penitenciarias…) 24.611,22 euros, según un informe de CSIF. Estas cantidades equivalen a trabajar 13, 15 o 18 meses gratis, en función de los grupos profesionales C1, A2 y A1, respectivamente. En términos porcentuales, los empleados públicos arrastran una pérdida del poder adquisitivo de entre el 12,9% y el 17,9% desde 2010.

Ante esta situación, CSIF reivindica un acuerdo a varios años que contemple una «recuperación progresiva de la estructura salarial previa a 2010, que equipare las retribuciones entre administraciones» y que se sume al plan de recursos humanos para reforzar las plantillas de la administración.