El Gobierno quiere sacar viudedad y orfandad de la Seguridad Social

El Ministerio de Seguridad Social se ha trazado un ambicioso objetivo para los dos próximos ejercicios: acabar con el déficit que registran sus cuentas, que amenaza a la viabilidad del sistema y que este año se saldará con un agujero de casi 25.000 millones de euros, el 2% del PIB. Para ello, necesita acometer una profunda y severa reforma del sistema público de pensiones, basada, fundamentalmente, en un endurecimiento de los requisitos de acceso a esta prestación, así como en la culminación de la separación de las fuentes de financiación del modelo, impulsada por los primeros Gobiernos de González.

Se trata de en dos ejercicios «limpiar de polvo y paja» las cuentas y dejar de pagar a cargo de las cotizaciones sociales todas aquellas partidas no contributivas. De ahí que el Gobierno no vea con malos ojos dejar de financiar con cargo a las cuotas de la Seguridad Social las pensiones de viudedad y de orfandad, cuyas nóminas se elevaron en septiembre pasado a 1.709 millones y 139,6 millones de euros, respectivamente, según confirman a LA RAZÓN fuentes socialistas.

No obstante, el departamento de Escrivá no moverá ni un dedo sin la anuencia del Pacto de Toledo, aseguran a este diario fuentes gubernamentales. Por ello, esperará a la fumata blanca de la Comisión de Seguimiento del Pacto de Toledo del Congreso de los Diputados, que se reúne este viernes por última vez para concluir sus recomendaciones, después de un retraso en el calendario previsto de cuatro años debido a la inestabilidad política sufrida por el país durante este período. Si logra las bendiciones del Pacto de Toledo, Escrivá descolgará del presupuesto de la Seguridad Social las pensiones de viudedad y de orfandad, que se financiarían con una transferencia del Estado.

Fuentes socialistas consideran estas dos partidas como ayudas familiares y, por tanto, susceptibles de ser sufragadas a cargo del Estado y no con cuotas sociales, como hasta la fecha. En el caso de las de orfandad se consideran prestaciones no contributivas y en el de las de viudedad, en función de la base reguladora, entre otros requisitos. Además, la reforma que prepara Escrivá recoge una mejoría paulatina de las pensiones de viudedad de los mayores de 65 años cuando esta prestación sea su principal fuente de ingresos, según confirman a este diario fuentes gubernamentales. Mientras, estudia topar las que perciben el resto en función del volumen de sus rentas.

Tanto las pensiones de viudedad como las de orfandad constituyen, a juicio de los socialistas, lo que el ministro denomina gastos impropios de la Seguridad Social y que no deberían, por tanto, financiarse a su cargo. El importe de estos gastos impropios se eleva a 22.871 millones, de los que 11.305 millones corresponden a políticas no contributivas; 1.818 millones a la tarifa plana de autónomos y a bajadas de cuotas de los sistemas especial agrario, empleados del hogar y de régimen general; 2.953 millones a prestaciones por nacimiento y cuidado de hijos, 1.082 millones a complementos de maternidad; 1.014 millones a ayudas implícitas a regímenes especiales; 788 millones a los costes de completar las lagunas en el cálculo de la pensión y los restantes 3.911 millones a gastos de funcionamiento, incluidas las nóminas de los funcionarios.

Escrivá liberará esta cuantía en los dos próximos años, lo que supondrá en la práctica acabar con el déficit de la Seguridad Social en 2023. Los Presupuestos Generales del Estado de 2021, que previsiblemente apruebe el Consejo de Ministros antes de final de este mes, supondrán el pistoletazo de salida, por tanto, para terminar de una vez por todas con los gastos impropios y culminar la separación de las fuentes de financiación del sistema público de pensiones. En concreto, de los casi 23.000 millones de gastos impropios, se dejará de pagar el año que viene 13.929 millones con cargo a cotizaciones. Esta cuantía pasará a sufragarse mediante una transferencia del Estado.

La Seguridad Social dejará de abonar otra cuantía similar en 2022 para colocar sus cuentas en números negros el último año de la legislatura. Así, el PSOE acudirá a las urnas como el partido que ha logrado sanear las cuentas de la Seguridad Social y, por tanto, como la única formación garante de las pensiones públicas, aseguran fuentes socialistas.

La reforma incluirá prácticamente la totalidad de las recomendaciones del Pacto de Toledo, entre las que figura el fomento de planes de pensiones de empresas, la fijación de un remanente mínimo del Fondo de Reserva, el acercamiento de la edad real de jubilación a la legal y un castigo a la anticipada. Además, dará vía libre para buscar otras vías de financiación complementarias de las cuotas, como podría ser un impuesto a los robots.