8.000 funcionarios llevan meses esperando destino pese al colapso de la Administración

El colapso de la Administración llega hasta el punto de que no solo falta personal en los servicios básicos encargados de gestionar las prestaciones excepcionales por el Covid-19, como los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) por causa de fuerza mayor, el Ingreso Mínimo Vital (IMV) o el desempleo y las propias pensiones, que llevan meses de retraso en la tramitación, sino que el Estado ha sido incapaz de encontrar destino a unos 8.000 empleados públicos que llevan meses esperando destino en la Administración General del Estado (AGE) después de aprobar una oposición.

Así lo ha denunciado la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), que ha remitido una carta al Ministerio de Política Territorial y Función Pública para pedir la “inmediata” incorporación de 4.880 efectivos que se encuentran a la espera de destino en la AGE, después de haber aprobado la oposición hace meses, y más de 3.000 empleados públicos también esperan nuevo destino en promoción interna.

Función Pública se comprometió el pasado verano a realizar las incorporaciones en el último trimestre del año, pero aún no se han hecho efectivas, según CSIF. El sindicato calificó de “inaceptable” lo que está sucediendo teniendo en cuenta el “desbordamiento” del Servicio Público de Empleo (SEPE) ante la avalancha de solicitudes de prestaciones.

CSIF explicó que desde que se aprueban las necesidades de la Oferta de Empleo Público hasta que se cubren pueden pasar de media casi dos años “en el mejor de los casos”.

El sindicato que preside Miguel Borra ha rechazado la oferta de empleo público para 2020 por ser insuficiente para cubrir las necesidades de puestos estructurales. Estas carencias se verán agravadas por la próxima jubilación de un alto porcentaje de trabajadores (un 20% de ellos se jubilará en los próximos 5 años).

CSIF considera urgente el refuerzo de más de 106.000 efectivos, 43.477 para la Administración General del Estado, durante los próximos tres años para afrontar las necesidades estructurales que se han evidenciado con la pandemia (AGE, Educación y Justicia, particularmente). Además, la Sanidad requiere un plan adicional de 289.235 plazas nuevas entre 2021 y 2031.