Adiós a la hucha de las pensiones

Casi cinco años después, la Comisión de seguimiento y evaluación del Pacto de Toledo ha aprobado hoy la renovación de sus recomendaciones acordadas la semana pasada, que serán elevadas al Pleno del Congreso donde tendrán que someterse a una nueva votación. Las nuevas recomendaciones han sido avaladas por el PSOE, el PP, Unidas Podemos, Ciudadanos, Junts, el PNV y Coalición Canaria, mientras que Esquerra Republicana, EH-Bildu y el BNG han optado por abstenerse. Únicamente Vox ha votado en contra.

Las recomendaciones son básicamente las mismas que estuvieron a punto de aprobarse a mediados de 2019 y que fueron finalmente bloqueadas por Podemos, al descolgarse en su demanda de mantener la edad legal de jubilación en los 65 años en lugar de avanzar hacia los 67 años. En realidad el camino se inició en en otoño de 2016, hace dos legislaturas, cuando bajo la presidencia de la ‘popular’ Celia Villalobos en la Comisión el Congreso inició el proceso para iniciar una nueva reforma que garantizara la sostenibilidad del sistema.

Entre las 21 recomendaciones figura dejar en testimonial el Fondo de Reserva de la Seguridad Social. En concreto, la recomendación tercera sostiene que la llamada hucha de las pensiones no es el mecanismo adecuado para resolver los desequilibrios financieros de naturaleza estructural. Por tanto, el Pacto de Toledo propone establecer un remanente mínimo y endurecer su disponibilidad, y se suprime la recomendación de dotarlo anualmente con un porcentaje fijo. La decisión es lógica ante la falta de recursos de la Seguridad Social para engordar dicho fondo en ausencia de superávit.

La hucha de las pensiones se creó en 1997 paraatender las necesidades futuras en materia de prestaciones contributivas. Las primeras aportaciones se realizaron en el año 2000 y en 2011, cuando se registró el dato máximo, el fondo llegó a acumular 66.800 millones de euros. Hasta 2011 la hucha permaneció intacta, pero la crisis económica lo ha dejado en poco más de 2.000 millones de euros.

IPC y separación de fuentes

Entre las recomendaciones, se establece de nuevo la indexación de la revalorización de las pensiones al IPC real y la consolidación de la separación de fuentes y restablecimiento del equilibrio financiero, de forma que las cotizaciones sociales se destinen exclusivamente a financiar las prestaciones contributivas.

Se podrá elegir los años más favorables

Asimismo, se podrá elegir los años más favorables en el cálculo de la pensión para no perjudicar carreras laborales con periodos de desempleoy de precariedad, dado que progresivamente se está ampliando de 15 a 25 años el periodo de cotización utilizado para determinar la pensión.

Además, los incentivos al empleo no podrán financiarse con cargo a las cotizaciones sociales y han de ser una herramienta excepcional y enfocada a colectivos de personas con discapacidad o en riesgo de exclusión social y a las víctimas de violencia de género, una vez demostrada su ineficacia cuando son generalizados.

También se plantea reforzar la contributividad -relación entre lo cotizado y la prestación recibida-, pero con mejora de las pensiones más bajas y valorar la posibilidad de que en los casos de vidas laborales muy prolongadas se pueda descartar algún año concreto del periodo de cálculo o escoger el tramo de la carrera de cotización sobre el que calcular la pensión.

Sobre la aproximación de la edad de salida efectiva del mercado de trabajo a la edad legal de jubilación, se fomentará la permanencia en activo, incentivando la prolongación voluntaria de la vida laboral y evitando que la jubilación anticipada sea un forma de regulación de empleo. Se da al Gobierno tres meses para que plantee una respuesta a las jubilaciones anticipadas en las que la aplicación de coeficientes reductores provoca inequidad.

Por último, entre las propuestas más relevantes, se reformularán las prestaciones de viudedad y orfandad para mejorar su cuantía, para dirigirla a personas de 65 o más años cuya pensión constituye su principal fuente de ingresos y para elevar hasta los 25 años la edad de los beneficiarios de la prestación por orfandad.