El Gobierno aprueba sin acuerdo sindical la oferta pública de empleo para 2021

El Consejo de Ministros ha dado luz verde a la Oferta de Empleo Público (OEP), que contará con 28.055 plazas, cifra inferior a la oferta de 33.793 plazas del año pasado (la mayor de los últimos diez años), si bien ahí se incluían 5.000 plazas de estabilización. Dentro de esta promoción se incluyen 18.266 plazas para la Administración General del Estado (AGE), que incluye 8.996 plazas de promoción internay 9.279 plazas de nuevo ingreso. La tasa de reposición será del 110% en sanidad. En concreto se han aprobado 20.658 plazas para la Administración Pública Estatal, que se suman a las 7.397 ya aprobadas para las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y las fuerzas armadas. Junto a estas plazas en la AGE y en las fuerzas de seguridad, se ofertarán 1.452 para la administración de Justicia; 549 para funcionarios de la administración local con habilitación carácter nacional o 256 para entes públicos.

Según OEP aprobada, se crearán 1.063 nuevas plazas para Instituciones Penitenciarias, de las cuales 91 son para el área sanitaria ante la pandemia de la covid-19. La convocatoria destina 900 plazas al cuerpo de ayudantes de Instituciones Penitenciarias; 52 plazas para el cuerpo superior técnico y 15 para el cuerpo especial, al que hacía años no se destinaba ninguna plaza de turno libre. Para reforzar el área de actividad sanitaria en tiempos de Covid-19, se han convocado 40 nuevas plazas para el cuerpo facultativo y 51 de enfermería. Las 5 plazas de personal laboral fuera de convenio serán para farmacéuticos. La oferta prevé además 15 plazas de promoción interna para el cuerpo superior técnico y 30 para el cuerpo especial.

En total, la oferta publica refleja un 17% menos que en 2019, aunque el Ministerio de Función Pública destaca que si se excluyen de esa oferta de 2019 los procesos extraordinarios se trataría de “cifras similares”. Según detalla el proyecto de Presupuestos Generales de 2021 presentado hoy, el 11% de las plazas irá destinado a Justicia; el 10,8%, a Hacienda y la Agencia Tributaria; el 10,2%, a transformación digital; el 8,7%, al sistema penitenciario y el 7% a cohesión social, entre otras partidas.

Las tres organizaciones sindicales (CSIF, CC OO y UGT) han rechazado esta propuesta del Ejecutivo, al que han acusado de “falta de negociación” y de actuar en base a “hechos consumados”, tanto en la OEP como en la subida del sueldo de los funcionarios, establecida en el 0,9%. Las organizaciones sindicales aseguran en que esta oferta “se queda corta” y reclaman que debe eliminarse la tasa de reposición, que los incrementos de las plantillas deben ser entre un 20% y un 33% en los servicios prioritarios y esenciales, y los incrementos retributivos de al menos un 8% en los próximos tres años. Por ello, tanto CC OO como CSIF han anunciado "movilizaciones”, algo ante lo que UGT se muestra más remiso, y apuesta por la negociación.

Según cuantifican las organizaciones sindicales, el 20% de la plantilla en la Administración General del Estado tiene más de 60 años y está al borde la jubilación, por lo que han exigido eliminar la tasa de reposición en la oferta de empleo público y realizar una planificación de las necesidades de las plantillas en sanidad, educación, Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado o Administración General del Estado -que incluye SEPE, Seguridad Social, Agencia Tributaria, Instituciones Penitenciarias-. Los sindicatos recuerdan que este acuerdo no cubre ni tan siquiera las plazas perdidas por jubilación o fallecimiento. CSIF estima que hacen falta 106.000 efectivos para los próximos tres años si se quieren cubrir “las necesidades estructurales que se han evidenciado con la pandemia” y ha recordado que se necesita un plan adicional en sanidad, con 289.235 plazas nuevas entre este año y el que viene.

Función Pública reconoce la situación “de envejecimiento de plantillas de la Administración, con una media de edad de 52 años, lo que podrían representar que en los próximos años se jubilen la mitad de las plantilla”, pero defiende que su propuesta es consecuente con “la revolución que las nuevas tecnologías suponen sobre las relaciones sociales, personales, procesos de producción métodos de trabajo y el conjunto de la economía”. este argumento no ha convencido a los sindicatos, que han reiterado su rechazo a la propuesta al considerarla “insuficiente”, por no llegar a cubrir ni las bajas registradas en 2019. Según CSIF, la oferta “pone en riesgo la viabilidad” de la Administración General y cifra la pérdida de trabajadores de la AGE en 43.477 en la última década.

Por su parte, Gestha, el sindicato de los técnicos de Hacienda, también ha criticado la propuesta y ha lamentado que mientras en España trabaja un funcionario de la AEAT por cada 1.852 contribuyentes, en Francia esa cifra se reduzca hasta los 1.355, en Alemania hasta los 753 o en Luxemburgo hasta los 578. Gestha defiende un aumento de la plantilla de la AEAT de entre 15.000 y 17.500 efectivos para, a medio plazo, reducir la economía sumergida a la mitad. Además, considera “imprescindible” la creación de un nuevo Cuerpo Superior Técnico de Hacienda para materializar el aumento de las responsabilidades en la persecución del fraude de las multinacionales y grandes compañías del país, el control de legalidad y del gasto público, de las subvenciones y ayudas públicas.