El presupuesto de la Agencia Tributaria cae un 0,4% hasta los 1.109 millones de euros

El gasto en personal con las nuevas cuentas sería de 833,5 millones de euros

La Agencia Estatal de Administración Tributaria es otro de los entes públicos que va a recibiría una mayor dotación el año que viene si se aprueba el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2021. La encargada de la aplicación efectiva del sistema tributario estatal y aduanero, dependiente del Ministerio de Hacienda, tiene prevista una asignación de 1.109,4 millones de euros, un 0,4% menos que lo presupuestado actualmente. El gasto en personal sería de 833,5 millones de euros.

En los Presupuestos actuales, los prorrogados de 2018, el Estado otorga a la Agencia Tributaria 1.114 millones de euros. Este ente público tiene como misión el fomento del cumplimiento por los ciudadanos de sus obligaciones fiscales a través de dos líneas de actuación: la prestación de servicios de información y asistencia al contribuyente para minimizar los costes indirectos asociados al cumplimiento de las obligaciones tributarias y la detección y regularización de los incumplimientos tributarios mediante actuaciones de control.

Entre sus funciones se encuentran las siguientes:

  • La gestión, inspección y recaudación de los tributos de titularidad estatal (IRPF, Sociedades, Impuesto sobre la Renta de No Residentes, IVA e Impuestos Especiales).
  • La realización de importantes funciones en relación con los ingresos de las Comunidades Autónomas y Ciudades Autónomas, tanto en lo que se refiere a la gestión del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, como a la recaudación de otros ingresos de dichas Comunidades, ya sea por disposición legal o mediante los correspondientes convenios de colaboración.
  • La recaudación de ingresos propios de la Unión Europea.
  • La gestión aduanera y la represión del contrabando.
  • La recaudación en periodo voluntario de las tasas del Sector Público Estatal.
  • La recaudación en vía ejecutiva de ingresos de derecho público de la Administración General del Estado y de los organismos públicos vinculados o dependientes de ella.
  • La colaboración en la persecución de determinados delitos, entre los que destacan los delitos contra la Hacienda pública y los delitos de contrabando.