Las cuentas de 2021 son ya papel mojado

El Gobierno está dispuesto a «descender a los infiernos si es menester», con tal de sacar adelante los «imprescindibles» Presupuestos Generales del Estado de 2021, que este martes superaron su primera reválida en el Consejo de Ministros, después de unas horas de tensión en las que parecía imposible el acuerdo entre PSOE y Unidas Podemos, socios del Gobierno de coalición. La minoría parlamentaria de los socialistas, con 120 diputados, forzó a Pedro Sánchez a ceder ante su socio gubernamental Pablo Iglesias y a asumir como propia la regulación en cuatro meses de la limitación del precio de los alquileres. Poco importó dejar en la cuneta al ministro de Transportes, partidario de esperar a tiempos mejores para su regulación.

Como tampoco importó desairar al ministro de Seguridad Social con el acuerdo con Iglesias para agilizar el acceso al Ingreso Mínimo Vital (IMV). José Luis Escrivá, que, según pasan los meses no oculta su malestar en el seno del Gobierno por sus encontronazos con Iglesias, ayer quiso rectificar al mismísimo vicepresidente segundo. Un día después de la declaración institucional de Sánchez e Iglesias en La Moncloa para presentar los Presupuestos de 2021, Escrivá le enmendó la plana al asegurar que su propuesta, recogida en las cuentas de 2021, lejos de agilizar el cobro del IMV provocará una mayor carga administrativa. Según el relato del titular de Seguridad Social, su Departamento ya había introducido hace semanas modificaciones para agilizar su tramitación. «En los decretos leyes de hace tres o cuatro Consejos de Ministros introdujimos modificaciones en la ley a propuesta nuestra para poder eliminar rigideces y agilizar elementos del Ingreso Mínimo». Sin embargo, Iglesias se colgó la medalla de la agilización de los trámites de acceso a la prestación a cambio del respaldo de su formación a los Presupuestos, después de protagonizar «una dura pelea» con sus socios. Combate cuerpo a cuerpo desmentido ayer por Escrivá.

Pero este no fue el único incidente público que se vivió ayer a costa de los apoyos que requiere Sánchez para conseguir sacar adelante los Presupuestos, cuya entrada en vigor en enero próximo posibilitará que España perciba el año que viene 27.000 millones de los 71.000 millones que le concederá Bruselas en ayudas a fondo perdido para la reconstrucción del país postcovid-19.

Ciudadanos, PNV, Podemos y Hacienda midieron ayer sus fuerzas con la disputa de fondo sobre la idoneidad o no de subir el diésel a 13 millones de vehículos, medida fiscal que recogen estos Presupuestos y que supone la reducción de esta bonificación hasta 38 euros por cada 1.000 litros y el aumento del tipo estatal de 30,7 a 34,5 céntimos por litro, que tendrá un coste de 3,45 euros más al mes para un consumidor medio. Con este alza, el Estado espera ingresar 500 millones de euros adicionales, de los que 450 millones corresponderán a la recaudación de 2021.

Tanto Ciudadanos como PNV rechazaron esta medida este mismo martes, tras el anuncio de esta subida fiscal realizado por Sánchez e Iglesias. Horas más tarde, fuentes de Ciudadanos desvelaron este miércoles por la mañana el firme compromiso adquirido por el Gobierno de retirar este alza impositiva tan sólo un día después de su aprobación por el Consejo de Ministros. La revelación de la formación naranja de este acuerdo con el Ejecutivo provocó la división de opiniones en las filas de Podemos. Mientras, Hacienda dejó la puerta abierta por la tarde a la supresión en los Presupuestos del aumento del diésel en aras a lograr el «imprescindible» consenso parlamentario con Ciudadanos y PNV.

Después de entregar con el boato debido los Presupuestos a la presidenta de la Cámara Baja, la ministra de Hacienda, en rueda de prensa, negó que su equipo negociador haya abordado ninguna cuestión aún de las cuentas de 2021 con la fuerza que dirige Inés Arrimadas. En realidad, Cs no trasladó al equipo de Montero su exigencia de eliminación del alza del diésel, sino que lo pactó directamente con Moncloa en unas conversaciones que han intentado llevarse con discreción.

En estos contactos, los naranjas arrancaron este compromiso del Ejecutivo como condición previa para sentarse a negociar los Presupuestos que vienen. De hecho, los de Cs se apuntaron el tanto de que la reforma fiscal pretendida por Iglesias «haya quedado en papel mojado», al recoger las cuentas públicas sólo un alza en el IRPF a las rentas del trabajo a partir de 300.000 euros.

Con la calculadora en la mano por aquello de la aritmética parlamentaria, Hacienda corrigió el tiro y dejó en el aire la supresión de esta subida. Es más, María Jesús Montero se mostró convencida de que cerrará un acuerdo con los nacionalistas vascos por tratarse de un «socio preferente y estable» para toda la presente legislatura. De esta manera tan gráfica, salió al paso sobre la voluntad o no del Ejecutivo de eliminar esta subida fiscal, tal y como solicitan el PNV y Cs.

En aras al consenso con este «socio preferente y estable» negociará las enmiendas que presente al articulado del proyecto de ley antes del día 17 de noviembre durante su tramitación en el Congreso, incluida, por supuesto, la de la supresión del alza del impuesto del diésel. Y es que la portavoz del Gobierno está dispuesta a pactar con todos los grupos estos «imprescindibles» Presupuestos para el país y también, como no, para la supervivencia del Ejecutivo. De momento, Sánchez cuenta con el respaldo de Podemos y el más que previsible apoyo de Ciudadanos y PNV, previa eliminación del aumento del diésel. En total, suman 171 escaños a los que, con toda seguridad, se añada Coalición Canaria. Fuentes de esta formación aseguraron a este diario que supeditan su voto a la revisión del Régimen Económico y Fiscal de Canarias. De alcanzarse estos pactos, el presidente conseguirá 172 «síes». Con cuatro abstenciones en el debate de las enmiendas a la totalidad, que tendrá lugar los días 11 y 12 de noviembre, sus primeras cuentas públicas lograrán superar el trámite parlamentario. Eso sí, el precio a pagar será elevado y convertirá en papel mojado las cuentas diseñadas por Hacienda.

Optimismo en exceso

Las previsiones excesivamente optimistas sobre el crecimiento económico del 9,8% del PIB contribuirán también, según los economistas, a convertir en castillos en el aire estos Presupuestos, que fijan unos ingresos consolidados del Estado de 323.996 millones, el 6,6% más que en 2020, frente a unos gastos de 550.484 millones, el 19,4% más respecto a este año. Hacienda prevé un déficit público del 7,7%, lo que supone una caída de 3,6 puntos en relación a este ejercicio, basada en una mayor recaudación fiscal fruto de un alza del PIB del 9,8% y de la llegada de los fondos europeos.

Al final, estos excesivos gastos se deberán en parte financiar a cargo de deuda pública, que, según el Banco de España, no bajará de niveles del 120% del PIB e hipotecará el futuro de, al menos, dos generaciones. El coste de los intereses de la deuda asciende a 31.675 millones, con un peso del 6,9% sobre el gasto total. De hecho, los intereses de la deuda, junto con pensiones y paro, «se comen» casi 5 de cada 10 euros presupuestados.