La investigación de delitos fiscales se desploma

El Gobierno de Pedro Sánchez no se ha cansado de recordar que unas de sus prioridades durante esta legislatura es aumentar la recaudación tributaria. El primer paso lo dio la semana pasada con la presentación de los Presupuestos Generales de 2021, en el que ha iniciado la temida senda alcista impositiva. El segundo es la persecución sistemática del fraude fiscal. Con este última deberán implementar un buen plan de actuación porque las cifras no son muy halagüeñas.

Lo demuestran los técnicos del Ministerio de Hacienda –a través de su sindicato Gestha– que revelan que la investigación de los delitos fiscales por parte de la Agencia Tributaria (AEAT) se ha desplomado un 76% en la última década, lo mismo que la recaudación de las cuotas defraudadas, cuya caída es aún mayor, del 85%. Según denuncian, este hundimiento se debe a las normas internas de la AEAT, que impiden a los técnicos llegar hasta el final en sus investigaciones al concentrarse la resolución de estos casos en unos pocos jefes de equipo.

Para muestra un botón. En 2011, el año con mayor actividad investigadora, se tramitaron 1.014 denuncias, con un importe de la cuota calculada de 909 millones de euros. En 2018 –el último contabilizado–, las actuaciones sumaron apenas 177 –un 82% menos– y un importe calculado de 110,7 millones –un -88%–.

El Consejo de Ministros aprobó el pasado 23 de octubre el proyecto de ley de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal, que debe pasar ahora su pertinente su trámite parlamentario. Dicho proyecto de ley incluye cambios normativos y novedosas figuras tributarias, con el fin de adaptar la legislación comunitaria al ordenamiento español, además de que se implantarán una serie de medidas adicionales para reforzar la lucha contra la elusión fiscal compleja y la economía sumergida.

La propia ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha puesto la lucha contra el fraude fiscal como una «absoluta prioridad si queremos una verdadera justicia social». Para lograr ese objetivo, Montero aseguró que se perseguirá el fraude en las obligaciones tributarias y las prácticas irregulares que «suponen un agravio comparativo con los contribuyentes que sí cumplen». Pero no habló nada sobre un aumento de efectivos para cumplir esos objetivos.

Gestha ve imposible alcanzar grandes mejoras en la persecución de defraudadores con la actual estructura, por lo que reclama que la plantilla de la AEAT a medio plazo debe incrementarse entre 15.000 y 17.500 efectivos «para equipararnos a la media de las Administraciones tributarias europeas». En la actualidad, se pierde el 42,8% de las reclamaciones económico-administrativas de los ciudadanos, y solo un 7,3% de los actos fueron reclamados por los contribuyentes, principalmente porque algunas liquidaciones de importes menores o denegaciones de aplazamientos o recursos «se consienten» y no son reclamados.