El Banco de España considera imprudente subir los impuestos y el 0,9% a pensionistas y funcionarios

Los Presupuestos Generales del Estado de 2021, que aprobó el Gobierno el pasado 27 de octubre, nacen lastrados por una estimación el próximo ejercicio de una recuperación económica irreal. Así lo ha advertido este miércoles el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, durante su comparecencia en la Comisión de Presupuestos, en la que punto por punto ha cuestionado el cumplimiento de los mismos y ha alertado sobre la evolución postcovid-19 del déficit público y de la deuda pública, que hipotecará a varias generaciones de españoles. Estas cuentas se basan en una previsión “excesivamente optimista” de un crecimiento económico del 9,8% del PIB en 2021, frente a un actual escenario de recuperación “frágil, incompleto y desigual”, iniciado en el tercer trimestre de este año. Esta débil recuperación continuará en los primeros meses 2021, debido tanto al impacto de la actual segunda ola de la pandemia y las medidas restrictivas adoptadas para controlar su expansión, como a la idiosincracia propia de la economía española y su dificultad histórica para gestionar y ejecutar los fondos europeos. Por tanto, la recuperación en 2021 será aún frágil y estará más cerca del escenario más pesimista estimado por el Banco de España en sus proyecciones de septiembre pasado, en que se apuntaba a un alza del PIB del 4,1%, lo que supone 5,7 puntos porcentuales por debajo de la previsión del Gobierno y dos puntos porcentuales inferior a la misma, si se descuenta el impacto positivo en el PIB estimado por Hacienda por la llegada de 27.000 millones de euros de los fondos europeos para la reconstrucción.

Según el gobernador, “parecen optimistas también a la luz de la evidencia histórica y empírica” el supuesto de ejecución plena de los fondos europeos y los multiplicadores de su uso recogido en las cuentas de 2021. En este sentido, ha recordado que la capacidad de absorción de la economía española para movilizar fondos vinculados a programas europeos nunca ha alcanzado una tasa del 80 %.

“Para que el uso de los fondos europeos tenga el efecto multiplicador sobre la actividad agregada que asume el proyecto de Presupuestos es necesario que dichos recursos se empleen en proyectos de calidad y siempre y cuando no se generen efectos de confianza negativos derivados de dudas sobre la sostenibilidad de las finanzas públicas”, ha avisado. En ese sentido, ha defendido la necesidad de seleccionar proyectos con especial potencial de crecimiento para la economía que no supongan un aumento permanente del gasto.

Sin embargo, las estimaciones de déficit público y de evolución de deuda pública realizada por el Gobierno, a su juicio, tampoco se cumplirán. Acto seguido, ha alertado de los riesgos que existen de que el déficit público supere el 7,7% del PIB previsto, así como de que la tasa de paro se acerque al 22,1% previsto por la autoridad monetaria más que a la estimación recogida en las cuentas públicas.

Esta previsión irreal de crecimiento económico deja en el aire también el cumplimiento de las previsiones de ingresos y de gastos excesivos recogidos en los Presupuestos. Después de mostrarse partidario de políticas económicas expansivas para superar estos momentos de crisis, ha destacado la necesidad de seleccionar los sectores y los grupos a los que se destina este mayor gasto.

En este escenario, el gobernador del Banco de España ha defendido retrasar el alza de impuestos que prevé las cuentas públicas de 2021, porque se basan en un cuadro macroeconómico “excesivamente optimista”. “La recuperación económica en curso aún presenta evidentes síntomas de fragilidad y se encuentra sometida a considerables riesgos a la baja que no aconsejan un aumento generalizado de la presión fiscal en estos momentos. Posiblemente, hubiera sido preferible retrasar la introducción de alguno de ellos hasta que nuestra recuperación económica fuera más robusta”, en referencia al paquete de subidas tributarias decididas por el Gobierno sobre el IRPF, IVA, diésel...

Además, ha considerado imprudente subir el próximo año las nóminas de pensionistas y de funcionarios el 0,9%, en un contexto desinflacionista como el actual y de destrucción de empleo. En su opinión, la previsión del Gobierno de una inflación del 0,9% en 2021 es
también “excesivamente optimista”, sobre todo, si se tiene en cuenta que el IPC caerá a final de este año en tres décimas. Por tanto, no parece lo más prudente en un escenario de incertidumbre actual subir las nóminas de los funcionarios y de los pensionistas. En este sentido, se ha mostrado partidario de incrementos salariales selectivos, como, por ejemplo, al personal sanitario. El alza de un 0,9% de las nóminas de los empleados públicos supone un aumento del gasto de 1.500 millones de euros, cifra similar a la de la revalorización de las pensiones.

En cualquier caso, De Cos ha defendido la necesidad de definir “con prontitud, rigor y credibilidad” una estrategia de consolidación fiscal que recomponga las cuentas públicas e incluya una “reforma integral” del sistema tributario. En este contexto, ha cuestionado que se pueda cumplir la previsión del Gobierno de un aumento del 9% de los ingresos tributarios y por cotizaciones sociales. "El riesgo sobre la previsión de ingresos públicos el año próximo estaría sesgado a la baja, fundamentalmente, como consecuencia de las posibles desviaciones sobre la previsión de crecimiento del PIB en el cuadro macroeconómico para 2021”. También ve riesgo de que las previsiones de gasto se desvíen debido a la propia evolución de la pandemia, que podría aconsejar prolongar los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) más de lo estimado, o a una evolución del empleo peor de lo pronosticado.

Déficit estructural

Por eso se ha mostrado partidario de medidas más focalizadas y temporales y no generalizadas para las empresas en esta segunda ola del coronavirus, que enfaticen más en elementos de reestructuración de la deuda, que de incremento de la misma, para evitar problemas de solvencia y garantizar su viabilidad. Estos instrumentos se deberán destinar sólo, en su opinión, a aquellas empresas viables.

El gobernador ve sumamente importante, en este sentido, diseñar con prontitud un programa de consolidación fiscal a medio plazo y la aplicación urgente de reformas estructurales, que reduzca el déficit estructural postcovid, estimado en cinco puntos porcentuales, como consecuencia del déficit estructural del 3% de 2019, del impacto en el desfase de tres décimas por la aplicación del ingreso mínimo vital, de otras tres décimas por sanidad, de la carga de los intereses de la deuda y del pacto del Congreso para revalorizar las pensiones en función del IPC. De ahí que se haya mostrado partidario de adoptar imprescindiblemente una consolidación fiscal a medio plazo para reducir el déficit, misión que llevará a un ajuste fiscal durante, al menos, una década.