Más dependientes del Estado

En España el volumen de empleo público ha venido experimentando un claro incremento desde los 2.519.383 empleados de 2017. En enero de 2020 había ya un total de 2,6 millones, tras la sobrecontratación producida durante la actual presidencia de Sánchez, incluso superando y deshaciendo con creces anteriores reducciones de plazas por mejoras de eficiencia y jubilación. A todo ello habría que añadir el empleo y la múltiple contratación llevada a cabo en las instituciones, fundaciones, y empresas públicas y parapúblicas, con lo que saldrían los 3,2 millones de empleados públicos que muestra la EPA. Superando en cuantía a los 2,3 millones de Alemania y ligeramente los de Italia, con 83 y 60 millones de habitantes respectivamente.

Además, ante una crisis económica histórica, todos se beneficiarán de una subida salarial del 0,9%, muy superior al actual IPC negativo. Algo anómalo en una economía hiperendeudada y de baja productividad; lo que debiera corregirse por solidaridad con los 3,7 millones de parados, más los otros 2,4 millones de “paro oculto” por los ERTE, el subempleo y quienes no han pasado todavía por las oficinas del SEPE. Cabrían excepciones focalizadas en Sanidad o fuerzas de Seguridad; como en Alemania, Italia, Francia, Reino Unido o Polonia. Incluso dando ejemplo el propio Gobierno y altos cargos con donaciones anticovid de sus sueldos, como en Austria o Bulgaria. Pero no ha bastado la crítica del Banco de España. Ni el aviso de Bruselas por encabezar el déficit en la UE con un -12,2%, caer el PIB un 12,4%, y endeudarse en 2 años hasta un previsto 123%.

Y es que el empleo público tiene características singulares. Por un lado, sus integrantes tienen garantizado el empleo con independencia de la fase del ciclo en que esté la economía del país. Por otro, suponen un suelo claro ante eventuales caídas de la demanda durante las fases bajistas del ciclo, estabilizando un cierto nivel de consumo. Asimismo, en compensación a su garantizada estabilidad laboral tampoco tienen unos grandes sueldos, lo que alimenta un saludable flujo laboral público-privado.

Pero si sumamos a los 3,2 millones señalados, los 8,8 millones de pensionistas, más los 2 millones de beneficiarios de prestaciones (también creciendo), obtenemos 14 millones de dependientes del Estado mantenidos por sólo 13,5 millones de asalariados del sector privado, también según última EPA. Total: 500.000 personas más recibiendo sueldos o transferencias del Estado. Aún así seremos el país de la UE que más empleo público creará en 2021.

Catedrático de Economía Aplicada. Universidad CEU San Pablo.