El Gobierno compartirá con la empresa privada la gestión de las ayudas europeas

El Gobierno creará nuevos instrumentos de colaboración público-privada para gestionar los fondos de reconstrucción, de los que informará “puntualmente” a los agentes sociales. Temor en el Ejecutivo al bloqueo húngaro de las ayudas

La vicepresidenta y Ministra de Asuntos Económicos y Digitalización, Nadia CalviñoEUROPA PRESS/E. Parra. POOL Europa Press

Proyectos estratégicos para la recuperación y transformación económica. Así se va a denominar la nueva figura jurídica que creará el Gobierno para gestionar la ingente cantidad de fondos europeos a través de la colaboración público-privada. Según ha confirmado Moncloa tras la constitución de la mesa de diálogo social para la recuperación, la transformación y la resiliencia -en la que han participado por parte del Gobierno, el presidente, Pedro Sánchez; la ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, la de Transición Ecológica, Teresa Ribera; la de Hacienda, María Jesús Montero; la de Educación, Isabel Celaá; la de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz; la de Industria, Reyes Maroto y el de Inclusión, José Luis Escrivá; y de los agentes sociales, con el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi; el presidente de CEPYME, Gerardo Cuerva; el secretario general de UGT, Pepe Álvarez y el de CCOO, Unai Sordo-, el nuevo instrumento apostará por proyectos estratégicos “con gran potencial de arrastre económico y que exigen la colaboración entre administraciones, empresas y centros de investigación”.

Según fuentes de Moncloa, la reunión ha servido para sentar la bases de la mesa como “cauce para regular el diálogo social” para que los agentes “tengan un papel relevante” en la elaboración del plan de recuperación que se encuentra actualmente en elaboración y que se financiará con el Fondo de Recuperación-Next Generation. Asimismo, el Ejecutivo también se ha comprometido a mantener informados a los agentes sociales sobre la evolución de la negociación del Plan con la Task Force de la Comisión Europea y sobre el documento final antes de su presentación formal a Bruselas, prevista para principios de 2021.

En este punto se ha desatado la polémica tras el veto que los gobiernos de Hungría y Polonia a la puesta en marcha del fondo de recuperación, por la vinculación de sus fondos al respeto del Estado de derecho, un movimiento que retrasará aún más la llegada de estas ayudas a los socios europeos. En concreto, el Gobierno de Viktor Orban ha impedido que los embajadores de los Veintisiete ante la UE diese un visto bueno preliminar a la Decisión de Recursos Propios, que debe ser aprobada por unanimidad entre las capitales. Sin su aprobación, la Comisión Europea no puede emitir la deuda con la que financiar el plan. La noticia ha caído como un jarro de agua fría, tanto entre los miembros del Gobierno como entre los agentes sociales, que temen que un retraso en la llegada de estos recursos ahonde aún más la crisis económica e impida un recuperación más rápida.

El Fondo de Recuperación-Next Generation debe poner a disposición de España unos 140.000 millones para los próximos seis años y aunque el Gobierno quiere acelerar la ejecución del Plan durante los tres primeros años -para lo que cuenta con el monto de las transferencias del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia; unos 59.500 millones que serán ejecutados en 2021-2023- el bloqueo húngaro y polaco puede impedir que lo consiga. Sobre todo preocupa en el Ejecutivo el adelanto de 27.000 millones de euros de su ejecución que ya ha cargado en el borrador de PGE de 2021 con cargo a los fondos europeos.

La reunión también abordó las líneas generales del Plan de Recuperación y las líneas clave en el proceso de recuperación de la economía nacional. Entre ellas, fuentes ministeriales hablan de la “modernización” del mercado laboral y las políticas activas de empleo para minimizar el impacto sobre el empleo de crisis futuras; el pacto por la industria que permita la reestructuración y modernización de la economía productiva; el impulso de la digitalización en trabajadores y empresas o el impulso de medidas eficaces para aflorar la economía sumergida. El Gobierno se ha comprometido a mantener informados de forma regular a los agentes sociales sobre la ejecución y seguimiento del Plan a lo largo de los próximos años y de la implementación de las medidas “para eliminar los cuellos de botella, reducir trámites, controles e informes innecesarios y acortar plazos administrativos” en el uso de estos fondos. Siempre, si finalmente se desbloquea la parálisis provocada por Hungría y Polonia.