El ICO se blinda ante los impagos con un sistema de control de riesgos

Controlará la información de la central de información de riesgos del Banco de España para controlar la solvencia de empresas y autónomos. El plazo de devolución de los préstamos ICO se amplía a ocho años

La vicepresidenta y ministra de Asuntos Económicos y Digitalización, Nadia Calviño, comparece en rueda de prensa posterior al Consejo de ministrosEUROPA PRESS/E. Parra. POOL Europa Press

Ya es oficial: se prorroga el plazo para la concesión de avales ICO hasta el 30 de junio de 2021, se extiende el plazo de devolución en tres años más, hasta un máximo de ocho, y se amplía el periodo de carencia en 12 meses, hasta el máximo de 24 meses. Así lo ha comunicado la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, en la que ha presentado un nuevo real decreto ley que introduce una serie de medidas relacionadas con los avales del Instituto de Crédito Oficial (ICO). “Las medidas de apoyo a los afectados por el coronavirus están siendo eficaces, pero deben ser adaptadas a cada momento en un entorno cambiante para dar respuesta a posibles problemas de solvencia que puedan generar que empresas viables tengan que cerrar por la caída de la actividad económica derivada de la pandemia”, defendido Calviño.

Estas medidas establecidas sobre los créditos ICO son aplicables tanto a la línea principal de financiación de 100.000 millones de euros como a la posterior de 40.000 millones. En ambos casos los plazos se amplían hasta el 30 de junio de 2021. Pero para poder acogerse a esta ampliación, que en ningún caso es obligatoria, deben cumplirse unas determinadas condiciones. La principal, que cualquier beneficiario no puede estar en concurso de acreedores ni haber comunicado algún incumplimiento de sus operaciones avaladas. Si se cumplen los requisitos, el Estado ampliará el plazo de los avales, cuya tramitación “debe ser lo más fácil posible” -ha defendido Calviño-, sin que la entidad financiera que otorga el préstamo pueda condicionarlo “a la contratación de productos adicionales ni un aumento del coste que no esté justificado”.

Asimismo, los que lo deseen podrán ampliar su carencia en 12 meses adicionales hasta un máximo de 24, una decisión que también parte del deudor y con las mismas condiciones, no estar en concurso ni en mora. Las entidades financieras están obligadas a ampliar el vencimientos siempre y cuando se cumplan las condiciones. El decreto establece también deducciones del 50% en los costes de aranceles o gastos notariales, que corresponden al banco pero con deducciones, y que tendrán un tratamiento más favorable en novaciones y préstamos.

El ICO tendrá a partir de ahora acceso a la información recopilada por la central de información de riesgos del Banco de España (CIRBE), espacio en el comparten información las entidades de crédito, y al que el ICO no hacía seguimiento por debajo de 50 millones de euros. Según ha anunciado la ministra, “de lo que se trata es de que el organismo pueda tener información de pymes o autónomos que puedan incumplir el aval”, siempre para facilitar los procesos de recuperación y para llevar a cabo su propio análisis de riesgos. El ICO ya tiene acceso al CIRBE, pero solo para la información de sus clientes directos. Con el cambio en el real decreto ley, podrá solicitar información de clientes que están recibiendo financiación avalada para consultar qué posiciones tienen en otros bancos.

Cerca de 550.000 empresas se benefician ahora de estos programas de préstamos, y a partir de ahora el ICO podrá tener información de clientes avalados, sobre los cuales los bancos aportan información. Según ha explicado Calviño, el sentido de esta medida radica en que “si hay impago, el banco va a recurrir al ICO para que cubra la parte avalada, y el ICO a su vez va a poner en marcha un proceso de recuperación con el apoyo del banco, de ahí la importancia de que pueda conocer la situación del cliente, y ver si puede hacer frente a sus responsabilidades”.

Calviño ha destacado que el 73% de las operaciones concedidas con cargo a la línea de liquidez tenían un plazo de devolución de entre 4 y 5 años, por lo que con estas medidas “las empresas y autónomos dispondrán de más tiempo para recuperar su actividad y hacer frente a sus obligaciones financieras”, defendió la vicepresidenta.. Además, ha destacado que los sectores de turismo, ocio y cultura, bienes de consumo, industria textil y moda al por menor concentraron casi un tercio de las operaciones avaladas por el ICO, por lo que las nuevas medidas “pueden ayudar de manera muy notable a proteger la solvencia de empresarios y autónomos de estos ámbitos”.

El importe avalado por el Gobierno con los créditos ICO hasta el pasado 11 de noviembre alcanzaba los 81.787 millones de euros y en total se han movilizado unos 107.600 millones con la firma de 881.000 operaciones, el 98% de estas con pymes y autónomos.