La cuota mensual de los préstamos ICO se puede reducir hasta 2.000 euros por la prórroga de tres años

La secretaria de Estado de Economía, Ana de la Cueva, ha anunciado que el aumento de hasta tres años de los plazos de amortización de los préstamos avalados por el Instituto de Crédito Oficial (ICO), aprobado por el Gobierno, puede reducir la cuota mensual “entre 600 y 2.000 euros” a los beneficiarios. Durante su intervención en unas jornadas organizadas por Deloitte y ABC, De la Cueva ha indicado que este recorte se producirá en función del volumen y del plazo de vencimiento, y se ha referido al último paquete de medidas como una respuesta “más ambiciosa” a la inicial, que busca dotar de flexibilidad al tejido económico.

El Consejo de Ministros dio luz verde ayer a la ampliación de los vencimientos de los préstamos avalados por el ICO para empresas y autónomos afectados por la crisis del coronavirus, que ahora pasan de 5 a 8 años, al tiempo que se duplica el periodo de carencia hasta los 24 meses. La medida es aplicable tanto a la línea principal de avales de 100.000 millones de euros aprobada en marzo, como a la posterior de 40.000 millones para inversión y liquidez, que en ambos casos se podrán seguir solicitando hasta el 30 de junio de 2021.

Para la secretaria de Estado, esta decisión supone un “alivio en la carga financiera de las empresas, que les permitirá disponer de más tiempo para recuperar su actividad”, y deja clara la “voluntad (del Gobierno) de adelantarse a las circunstancias” provocadas por la pandemia. Sobre el plan de recuperación, De la Cueva ha insistido en que España tiene que concentrar sus esfuerzos en “proyectos tractores” que generen empleo, una tarea “muy relevante” de cara a garantizar el futuro crecimiento de la economía nacional.

Al respecto, ha recordado que el Ejecutivo está trabajando “en los últimos detalles” antes de presentar a Bruselas su propuesta de recuperación, que se fundamenta en dos ejes, la transición ecológica (que concentraría el 37% de los fondos) y la digitalización (el 33%). En este marco, ha dicho, resulta vital la colaboración público-privada, entre las administraciones públicas, el diálogo social y el sector privado, especialmente el financiero, clave en la “digitalización, la promoción de la igualdad de género o la cohesión territorial”.