La reforma fiscal de los economistas para salvar a las empresas de la crisis

“Cuando se controle la enfermedad y comience a crecer con vigor el PIB, será necesaria una reforma profunda y global de nuestro sistema tributario”, apunta el Consejo General de Economistas. La fiscalidad no debe ser una traba y “hay que hacer medidas de aliento para personas y empresas que están luchando para mantenerse”, ha avisado Valentín Pich, presidente del Consejo, durante una rueda de prensa virtual. Bajo esta premisa, los economistas han propuesto una serie de medidas fiscales para rebajar la presión que ha traído la pandemia e incentivos para las actividades que ayuden a la recuperación económica.

Con la crisis se prevé que crezcan los impagos. Por ello, en cuanto al Impuesto de Sociedades, los economistas proponen que la deducibilidad de las insolvencias sea más fácil de dos formas:

• Reduciendo de 6 a 3 meses el plazo de tiempo que tiene que transcurrir, desde el vencimiento de la obligación al final de ejercicio, para que el importe no satisfecho del crédito sea deducible.
• En el caso de las deudas de entes públicos, se propone que, cuando se produzca un retraso en la obtención del cobro superior a 3 meses, la imputación temporal del ingreso no se produzca hasta que se perciba efectivamente el cobro.

Deducciones por teletrabajo y por crear empleo

El Consejo General de Economistas también propone establecer una deducción sobre los gastos e inversiones que ha causado el teletrabajo, como adquisición de equipos, mecanismos para facilitar el acceso a internet, así como el gasto en las medidas de seguridad necesarias para la vuelta presencial. En este sentido, los economistas también consideran que habrá que dejar exentos los importes dinerarios satisfechos por la empresa a sus trabajadores para compensarles por los gastos que les haya causado el teletrabajo.

Para las empresas que hayan realizado donativos destinados a proyectos de investigación y lucha contra la pandemia, también proponen que se incrementen los porcentajes y límites de la deducción. Entre las medidas propuestas, cabe destacar la posibilidad de aplicar deducciones a aquellas empresas que creen empleo, como incentivo para la recuperación económica. Esta medida es especialmente necesaria. “El cuatro trimestre está siendo mucho peor de lo que podíamos esperar”, ha apuntado Valentín Pich.

Respecto a la exención por prestaciones de desempleo percibidas en pago único, que se aplica a los contribuyentes que destinan las prestaciones al ejercicio de una actividad económica como trabajador autónomo, a través de una sociedad mercantil, de una cooperativa de trabajo asociado o de sociedad laboral, exige el mantenimiento de la acción o participación y, si desarrolla la actividad como autónomo, del ejercicio de la actividad, durante un período mínimo de 5 años. “Este requisito es muy probable que se incumpla como consecuencia de esta crisis, por lo que sería conveniente establecer una excepción, cuando el desarrollo de la actividad se ve interrumpido como consecuencia de la Covid-19 y se justifique convenientemente”, apunta el Consejo General de Economistas.

Para que esta pandemia no afecte a las libertades de amortización aplicadas por las empresas en ejercicios anteriores, si en 2020 disminuyen las plantillas de empresas que han utilizado este incentivo, se propone modificar el régimen de empresas de reducida dimensión de la ley del Impuesto sobre Sociedades en dos direcciones. Primera, que a estos efectos computen como trabajadores los afectados por un ERTE; y segunda, que 2020 no se tenga en cuenta a efectos de cálculo de los promedios, computando solo 2019 –salvo que 2020 fuera mejor.

Con la situación de crisis actual, es muy probable que muchos contratos de adquisición de bienes mediante leasing (arrendamiento con opción de compra) se refinancien alargando el número de años del contrato, lo que provocará, en el ejercicio en el que dicha modificación se produzca, que la parte de recuperación del coste del bien en las nuevas cuotas sea inferior a la de las cuotas anteriores. Por ello los economistas proponen, para que no se perjudiquen ni los contribuyentes del Impuesto sobre Sociedades ni los autónomos en el IRPF, que se permita seguir aplicando el régimen aunque se incumpla el mencionado requisito en el caso de contratos suscritos en 2019 o en ejercicios anteriores.

Exenciones, reducción de IAE e IBI

El Consejo General de Economistas también propone que las ayudas o subvenciones percibidas por razón de la Covid-19 queden exentas de IRPF, y que se reduzcan las cuotas a pagar por el Impuesto sobre Actividades Económicas –IAE-, de forma temporal y extraordinaria y del IBI cuando el propietario de un local justifique que su actividad se ha visto afectada por la pandemia o ha dejado de ingresar rentas de arrendamiento al haber quedado lastrada la actividad económica del arrendatario.

”Sería conveniente flexibilizar las condiciones y acelerar la recuperación de las cuotas de IVA repercutidas y no cobradas. Por ello, proponemos modificar la ley de este impuesto en el sentido de rebajar los plazos para poder reducir la base imponible que, con la redacción vigente, son de un año y de seis meses para grandes empresas y pymes, respectivamente”, apuntan también los economistas.

Entre las otras propuestas de mejor de los economistas, se encuentran: potenciar la facturación electrónica; crear un único buzón para recibir notificaciones administrativas y tributarias y flexibilizar los plazos para comunicar las variaciones de las situaciones de los trabajadores que podían afectar después a la cotización de la Seguridad Social.

Colapso judicial por la quiebra de empresas

Prevenir las insolvencias empresariales también se encuentra en el centro de la estrategia del Consejo General de Economistas. “Esta crisis económica se está convirtiendo en una crisis de colapso judicial por la gran cantidad de empresas que van a entrar en concurso”, ha alertado Juan Carlos Robles, especialista en Derecho Concursal y Presidente del Consejo Andaluz de Colegios de Economistas. Para intentar frenar esta avalancha, “hay que poner toda la potencia de fuego en mecanismos para evitar el concurso”, ha añadido, entre ellos: activar mecanismo de alerta temprana y designar profesionales expertos en esta materia (Insolvency Practitioner) para que asistan a las empresas con problemas de insolvencia y las ayuden a reestructurar su deuda y optimizar sus recursos.