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¿Qué es el Pacto de Toledo? ¿Puede lograr un acuerdo para salvar las pensiones?

Bajo la presidencia de Magdalena Valerio se busca un “acuerdo exprés” este mismo mes de septiembre

Escrivá comparece ante la Comisión de Seguimiento del Pacto de Toledo
El Ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá (i), conversa con la presidenta de la Comisión parlamentaria de Seguimiento del Pacto de Toledo, Magdalena Valerio (d)Kiko HuescaEFE

El Pleno del Congreso ha rechazado los 19 votos particulares que siete formaciones políticas habían propuesto a las 21 recomendaciones del Pacto de Toledo. El “Informe de evaluación y reforma del Pacto de Toledo” será hoy aprobado y no recibirá cambios, toda vez que se han rechazado las iniciativas de ERC, EH Bildu, PP, Ciudadanos, BNG, Más País y Compromís. La renovación por tercera vez en 25 años de las recomendaciones que deben garantizar la sostenibilidad del sistema de pensiones y de la Seguridad Social será apoyada por todos los partidos políticos salvo VOX que votará en contra y ERC y EH Bildu que se abstendrán.

¿Qué es el Pacto de Toledo?

El Pacto de Toledo a una comisión parlamentaria que nació en 1995 y en el que están representados todos los partidos políticos. Su objetivo es discutir, analizar y proponer medidas encaminadas a asegurar la sostenibilidad del sistema de pensiones. Tras varios años en los que no ha sido posible ningún tipo de consenso, las dificultades de financiación por la que pasa el sistema han revitalizado su función para abordar de nuevo la reforma del sistema, en una situación de déficit de la Seguridad Social por culpa de la caída de las cotizaciones por la pandemia y por el incremento del gasto y de las nuevas jubilaciones.

¿Quién lo compone?

Representantes de todos los partidos políticos con representación parlamentaria. Para que haya un acuerdo con validez, debe tener la aprobación de todos ellos. Por esta razón ha sido tan complicado aprobar sus recomendaciones durante los últimos años, ante el radical enfrentamiento político. Su actual presidenta, la socialista Magdalena Valerio, asegura que podrá lograr una documento firmado este mismo mes.

¿Cuál es su función?

Esta comisión solo puede hacer recomendaciones que no son vinculantes, aunque al tener el consenso de todos los partidos siempre se tienen en cuenta. Su modo de trabajar parte de una recomendación, tras la cual el Gobierno la negocia con los agentes sociales, patronal y sindicatos, y, finalmente, se lleva al Parlamento para que se convierta en Ley.

¿Cuáles han sido sus principales propuestas hasta ahora?

La Ley de Consolidación y Racionalización del Sistema de Seguridad Social de 1997 que, entre otras cosas aprobó elevar de 8 a 15 el número de años aplicados al cálculo de la base reguladora de la pensión, la revalorización de las pensiones según la evolución prevista del IPC y la creación del Fondo de Reserva de la Seguridad Social; la creación del Fondo de Reserva de la Seguridad, conocido como hucha de las pensiones, que se constituyó en 2000; en 2003, el Pacto apoyó la modificación del cómputo de los días efectivos de cotización para el cálculo de la pensión y se aumentó la edad límite para la jubilación parcial.

¿Qué objetivos ha logrado desde su creación?

El Pacto de Toledo ha dado lugar a cuatro leyes, aprobadas en los años 1997, 2003, 2007. Las de 2011 y 2013 no contaron directamente con sus recomendaciones, aunque sí que se tuvieron en cuenta pero sin consenso.

¿Cuáles han sido las reformas del sistema sin consenso en las recomendaciones del Pacto de Toledo?

El Gobierno promulgó las reformas de 2011 y 2013 sin contar con el Pacto de Toledo. La de 2011 aprobó un retraso progresivo de la edad de jubilación hasta a los 67 años; aumentó progresivamente de los 35 a los 37 años el periodo de cotización del trabajador para poder percibir una pensión del 100% y la pensión se calcula sobre un periodo de 25 años, en un proceso transitorio que va 2013 a 2022. En 2013 se introdujeron algunos cambios, como el Índice de Revalorización de las Pensiones (IRP), que por primera vez desvinculaba el crecimiento de las pensiones al Índice de Precios al Consumo (IPC), y el factor de sostenibilidad, que entró en vigor en 20219. Cuando tomó posesión, el nuevo Gobierno de Pedro Sánchez lo vinculó de nuevo al IPC.