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Empresarios, pymes y autónomos exigen al Gobierno mantener las ventajas fiscales de los planes de jubilación individuales

Denuncian en un manifiesto que el recorte de ventajas fiscales a los planes particulares afectará a más de ocho millones de trabajadores y va en contra de las prácticas internacionales recomendadas por la UE y la OCDE

Asociaciones firmantes del manifiesto
Asociaciones firmantes del manifiestoServicio Ilustrado (Automático) INVERCO

Hasta 18 asociaciones y patronales, encabezadas por CEOE, Cepyme y ATA y el bloque casi al completo de banca y entidades de inversión y financieras, se han unido para exigir al Gobierno que mantenga el actual límite fiscal al ahorro individual para la jubilación. Defienden que debe permitirse a los trabajadores, especialmente aquellos que trabajan por cuenta propia -que no tienen opción de optar a planes colectivos ni de empresa-, recuperar su capacidad de ahorro para la jubilación en los años en los que tienen estabilidad en sus ingresos para compensar otros periodos en que los reducen por las crisis económicas.

Por ello, las asociaciones consideran que “la encomiable intención” del Gobierno de impulsar la previsión social complementaria en el ámbito empresarial “no debe realizarse a costa del ahorro que destinan por su cuenta los particulares a reforzar su futura pensión”. En este sentido, han recordado que en España hay más de ocho millones de beneficiarios de este tipo de productos de ahorro, 7,5 millones de partícipes en planes de pensiones individuales y casi un millón de asegurados en planes de previsión asegurados (PPA) que se van a ver afectados por la medida.

El Ejecutivo plantea en el proyecto de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para el año 2021 reducir de 8.000 a 2.000 euros la cantidad máxima deducible cuando un particular aporta dinero a su plan de pensiones individual, con el argumento de favorecer el ahorro en el seno de la empresa, donde eleva dichos umbrales desde los 8.000 euros a 10.000.

Esta decisión es especialmente dañina sobre decenas de miles de trabajadores autónomos y empresarios de pymes, ya que el establecimiento de diferentes límites de aportación a sistemas de previsión social es «discriminatorio con los sistemas individuales con un límite inferior. En concreto, afectaría directamente a las 3,2 millones de personas adheridas al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA), así como a los empleados de las pymes -en su mayoría autónomos-, en las que el ahorro colectivo apenas tiene implantación por la complejidad de hacer frente a los pagos. Las asociaciones defienden que el sistema individual es “necesario e imprescindible” para todos aquellos que, como los autónomos, no puedan acceder al sistema de empleo por no estar las reformas desarrolladas.

Justo en el momento en el que se desarrolla en el Congreso el debate de los Presupuestos, esta veintena de asociaciones han decidido dar un paso más en la reivindicación de estos planes de previsión social. Entre los firmantes se encuentran la asociación de banca AEB, las antiguas cajas CECA, las cooperativas de crédito Unacc, la de seguros Unespa e inversión Inverco, el Instituto de Estudios Económicos, la asociación de capital riesgo Ascri, las asociaciones vinculadas al mundo de seguro, como la Asociación Española de Corredurías de Seguros y Reaseguros (Adecose), la Asociación Española de Asesores Fiscales (Aedaf) y la Asociación para la Mediación Aseguradora de Entidades Financieras (Aamaef); y también la Confederación Española de Mutualidades, el Consejo General de Colegios de Mediadores, Fecor, Ocopen y el Instituto de Actuarios Españoles.

Según explican en el documento, el cambio en el sistema de previsión social complementaria “no debe realizarse a costa del ahorro que destinan por su cuenta los particulares a reforzar su futura pensión”. Entienden que la reforma que propone el Gobierno puede implicar a su juicio “efectos indeseados”y una cuantía “insuficiente” de ahorro en el sistema individual bajo los nuevos parámetros. Estiman que con el límite de 2.000 euros en deducciones por año, un trabajador podría acumular 80.000 euros si ahorra sistemáticamente durante 40 años de trayectoria profesional, más la rentabilidad que obtuviera este dinero. “Si se prorratea este importe durante los 20 años de esperanza de vida que restan una vez alcanzada la edad de jubilación, el resultado es una cuantía media mensual insuficiente para complementar la pensión pública”, advirtieron.

Además, avisan de que este sistema es ineficiente cuando a lo largo de una trayectoria profesional puede darse etapas de bajos ingresos como en la crisis actual donde el individuo podría necesitar rescatar su plan de pensiones, pudiendo aportar más en otros momentos de su carrera. Por eso abogan por sustituir los límites actuales por un límite global de aportaciones acumuladas a lo largo de la vida laboral, de tal forma que se pueda generar ahorro para la jubilación en función de la situación de cada trabajador durante su trayectoria sociolaboral. Finalmente, denuncian que esta medida que aprobará el Gobierno va en contra de las prácticas internacionales. “En prácticamente todos los países de la Unión Europea y de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) existen estímulos fiscales al ahorro y se conceden incentivos fiscales adicionales para la promoción y desarrollo de sistemas de previsión social, tanto empresariales como individuales”, concluye su documento