¿Es Madrid un paraíso fiscal?

Contra todo pronóstico la fuerza independentista Esquerra Republicana de Catalunya respaldará definitivamente las primeras cuentas públicas del Gobierno de Sánchez que conseguirán ver la luz. Durante meses, los republicanos se han debatido entre votar en contra o abstenerse en una ley, la de los Presupuestos Generales del Estado de 2021, que “ni nos iba ni nos venía”, según aseguran a este diario fuentes nacionalistas catalanas. Entonces, ¿por qué han cambiado de opinión? ¿Qué intención oculta su acuerdo con el Ejecutivo central? ¿Es cierto, como afirman, que Madrid se ha convertido en un paraíso fiscal? ¿De ahí que quieran que el Gobierno suba los Impuestos de Patrimonio y Sucesiones a los madrileños? ¿Realmente, el Estado puede forzar a ese alza? En realidad, el actual sistema de financiación autonómica permite a todas las autonomías de régimen común, incluida la catalana, subir o bajar los tributos que tienen cedidos, así como establecer sus propios tributos, en función de sus necesidades financieras y de la política económica que consideren oportuno desarrollar. Por tanto, Madrid ni se ha convertido en un paraíso fiscal ni practica dumping fiscal. Tan sólo aplica la legalidad vigente, que ahora parece cuestionada tanto por ERC como por el Ejecutivo de Sánchez.

El Estado cedió, en su día, totalmente a todas las comunidades, salvo las del régimen foral (País Vasco y Navarra), la recaudación y la capacidad normativa para fijar reducciones, tipos impositivos y bonificaciones, de una cesta de impuestos, entre los que destaca Patrimonio y Sucesiones y Donaciones. En estos momentos, tanto Madrid como Cataluña han ejercido su capacidad normativa sobre estos impuestos. Desde su competencia, el Gobierno madrileño ha fijado un mínimo exento de 700.000 euros en Patrimonio, con una bonificación en cuota del 100%. Mientras, Cataluña lo reduce a 500.000 y aplica una bonificación del 99% sólo a los contribuyentes discapacitados. En el caso de Sucesiones, un madrileño que hereda de sus padres un piso de 160.000 euros paga por este tributo 22 euros, mientras que en Cataluña, Asturias o Valencia pagaría 2.200 euros, cien veces más. ¿Por qué Asturias o Valencia no protestan? Fuentes nacionalistas catalanas consultadas por LA RAZÓN aseguran que su intención con este acuerdo con el Gobierno es “dinamitar el actual sistema de financiación autonómica”.

En principio, el Gobierno sólo podrá armonizar en toda España los impuestos de Patrimonio o de Sucesiones recuperando la capacidad normativa cedida a las autonomías, lo que supone reabrir de nuevo el melón del modelo de financiación autonómica en una doble negociación. Por un lado, en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera y, por otro, en las comisiones bilaterales del Estado con cada una de las autonomías. Esa negociación es la que aprovechará Esquerra Republicana de Catalunya para solicitar, una vez más, para esta autonomía el modelo de financiación vasco, el concierto económico.

De esta manera, con mayor autonomía financiera, ERC pretende sentar las bases económicas y financieras de un hipotético Estado catalán. El independentismo catalán está convencido de que una mano negra, mecida por el Estado español, se dedica a «estrangular la más mínima salida digna» para su causa. En su opinión, el Estado español ha ido tejiendo, con el paso del tiempo, una estrategia de acoso y derribo contra el independentismo, consistente en fortalecer a Madrid y convertirla en única plaza financiera del país. Por eso, desde «el frustrado» referéndum ilegal del 1-O de 2017, entre las filas independentistas ha ido tomando cuerpo la idea de que para alcanzar la independencia Cataluña tiene que dejar de rendir cuentas financieramente a España.De ahí que ERC haya pactado con el Ejecutivo de Sánchez abrir el debate del modelo de financiación, con la intención de acorralar económicamente a Madrid y permitir a Cataluña recuperar posiciones en este terreno.

Para que no haya margen a la duda, fuentes independentistas advierten de que «el Estado español ha usado siempre toda su maquinaria para cercenar la posibilidad de que Cataluña ganara peso económico». Como botón de muestra de lo dicho, recuerdan el polémico traslado a Barcelona de la extinta Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, anulado por el Tribunal Supremo en 2006. En este contexto, también inscriben la marcha de las sedes sociales de CaixaBank y de Sabadell a Valencia y a Alicante, respectivamente, tras la consulta ilegal del 1-O.