La mentira del «dumping» fiscal

Contra todo pronóstico la fuerza independentista ERC respaldará las primeras cuentas públicas del Gobierno que verán la luz. Durante meses, se ha debatido entre votar en contra o abstenerse en una ley, la de los Presupuestos de 2021, que «ni nos iba ni nos venía», según aseguran a este diario fuentes nacionalistas catalanas. Pero inesperadamente ha modificado el sentido de su voto a cambio, entre otras medidas, de que el Gobierno suba los impuestos a Madrid.

Pero, ¿es Madrid un paraíso fiscal?

El actual sistema de financiación autonómica permite a todas las autonomías de régimen común, incluida la catalana, subir o bajar los tributos que tienen cedidos, así como establecer los suyos propios. Por tanto, Madrid ni se ha convertido en un paraíso fiscal ni practica «dumping» fiscal. Tan sólo aplica la legalidad vigente, que ahora parece cuestionada por ERC y por el Ejecutivo.

¿Cómo funciona el sistema de financiación?

El Estado cedió, en su día, a las comunidades, salvo a las de régimen foral, la recaudación y la capacidad normativa para fijar reducciones, tipos impositivos y bonificaciones, de una cesta de impuestos, entre los que destacan Patrimonio y Sucesiones. Tanto Madrid como Cataluña ejercen su capacidad normativa sobre los mismos. Desde su competencia, Madrid ha fijado un mínimo exento de 700.000 euros en Patrimonio, con una bonificación en cuota del 100%. Mientras, Cataluña de 500.000 con una bonificación del 99% a los contribuyentes discapacitados. En el caso de Sucesiones, un madrileño que hereda de sus padres un piso de 160.000 euros paga 22 euros, mientras que un catalán, asturiano o valenciano, cien veces más.

¿ERC pretende abrir el melón del sistema de financiación autonómica?

Fuentes nacionalistas catalanas consultadas por LA RAZÓN aseguran que su intención con este acuerdo con el Gobierno es «dinamitar el actual sistema de financiación autonómica». En principio, el Gobierno sólo podrá armonizar en toda España los impuestos de Patrimonio y de Sucesiones recuperando la capacidad normativa cedida a las autonomías, lo que supone reabrir de nuevo el melón del modelo de financiación en una doble negociación. Por un lado, en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera y, por otro, en las comisiones bilaterales del Estado con cada una de las autonomías. Esa negociación es la que aprovechará ERC para solicitar, una vez más, para Cataluña el concierto económico vasco.

¿Cuál es la intención oculta que tiene ERC con su pacto con el Gobierno central?

Con mayor autonomía financiera, ERC pretende sentar las bases económicas y financieras de un hipotético Estado catalán. El independentismo catalán está convencido de que una mano negra, mecida por el Estado español, se dedica a «estrangular la más mínima salida digna» para su causa. En su opinión, el Estado español ha ido tejiendo, con el paso del tiempo, una estrategia de acoso y derribo contra el independentismo, consistente en fortalecer a Madrid y convertirla en única plaza financiera del país. Por eso, desde «el frustrado» referéndum ilegal del 1-O de 2017, entre sus filas ha ido tomando cuerpo la idea de que para alcanzar la independencia Cataluña tiene que dejar de rendir cuentas financieramente a España. De ahí que ERC haya pactado con el Ejecutivo de Sánchez abrir el debate del modelo de financiación, con la intención de acorralar económicamente a Madrid y permitir a Cataluña recuperar posiciones en este terreno. Fuentes independentistas lamentan que «el Estado español haya usado siempre toda su maquinaria para cercenar la posibilidad de que Cataluña ganara peso económico», como con el polémico traslado a Barcelona de la extinta Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, anulado por el Tribunal Supremo en 2006.