Sobre el presunto dumping fiscal de Madrid

Esquerra Republicana de Catalunya ha condicionado su acuerdo presupuestario con el PSOE a que se reforme el sistema tributario del conjunto de España –salvo el de, eso sí, Navarra y el País Vasco– para poner fin a un presunto «dumping fiscal» perpetrado por la Comunidad de Madrid en el ejercicio, precisamente, de su autonomía fiscal. Según dicen, les molesta sobremanera el que Madrid, una autonomía que ya se lucra suficientemente merced al efecto capitalidad, haya bonificado al 100% el Impuesto sobre el Patrimonio o al 99% el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones para los familiares más directos. La queja, claro está, es que los contribuyentes catalanes o de otras regiones españolas buscan refugio en Madrid, dificultando la capacidad recaudatoria de las correspondientes haciendas regionales. Semejante argumentación, sin embargo, es deficiente por varias razones.

Primero, es verdad que Madrid disfruta de beneficios económicos por ser la capital de España –aunque nadie hasta el momento los ha cuantificado con un mínimo rigor–, pero en estos momentos la región ya está transfiriendo casi la cuarta parte de su recaudación tributaria al resto de España. Por tanto, ser capital también le está acarreando un enorme coste económico que acaso sea mayor que el beneficio –al menos, sería prudente no hacer afirmaciones muy categóricas sobre los incuestionables beneficios netos de ser capital–.

Segundo, la política fiscal que adopta Madrid respecto al Impuesto sobre el Patrimonio o con respecto a Sucesiones y Donaciones es análoga a la que adoptan muchos otros países europeos. Ningún país de la Unión Europea tiene un impuesto sobre el patrimonio –Francia sólo grava la propiedad inmobiliaria, Italia los activos extranjeros y Holanda, aunque sí grava la riqueza neta, lo hace a cambio de eximir a las ganancias del capital–. A su vez, muchos países han eliminado el impuesto sobre las herencias: Suecia, Luxemburgo, Estonia, Eslovaquia o Portugal. De hecho, nuestros vecinos lusos no obligan a tributar ni a los patrimonios ni a las herencias: al igual que Madrid. ¿Acusarán Sánchez, Rufián e Iglesias de practicar el dumping fiscal contra España al gobierno socialcomunista de Portugal?

Tercero, el autogobierno fiscal de nuestras autonomías cubre la posibilidad de establecer un tipo del 0% en Patrimonio o Sucesiones, de modo que el gobierno regional sólo está haciendo uso de sus competencias cuando aprueba una política tributaria que ahora se ha decidido calificar de dumping fiscal. Otras autonomías podrían –y siguen pudiendo– tomar esa misma decisión, pero sus gobernantes –y por tanto también sus votantes– lo han rechazado en mayor o menos medida hasta la fecha: han preferido intentar recaudar más para así incrementar su gasto público autonómico. No así en Madrid, cuyos electores sistemáticamente han escogido durante los últimos años a políticos que han prometido impuestos bajos a costa de mantener a raya el gasto público. Que ahora se pretenda subvertir las decisiones democráticas de los madrileño solo pone de manifiesto la profunda intolerancia ideológica de la izquierda hacia aquéllos que no piensan ni actúan como ellos.

Y cuarto, resulta del todo incoherente que un partido independentista como ERC, que niega la legitimidad de las estructuras del Estado español para cercenar el autogobierno autonómico, esté ahora aliándose con ese Estado represor e imperialista para recentralizar la Administración en contra del gobierno regional de Madrid... Pero también en contra del gobierno regional de Cataluña: si se armonizan nacionalmente los impuestos de Patrimonio y de Sucesiones, las competencias de la Generalitat para rebajar esos tributos también se verán permanentemente cercenadas

En suma, en este caso las ansias de rapiña fiscal de ERC y PSOE pesan mucho más que sus presuntos independentismo y federalismo. También pesan más que su honradez para no manipular la realidad acusando a Madrid de dumping fiscal.