La igualdad entre las pensiones de matrimonios y de parejas de hecho tendrá que esperar

La eliminación de la discriminación que las parejas de hecho sufren respecto a los matrimonios al solicitar la pensión de viudedad es una de las recomendaciones del Pacto de Toledo que el Gobierno prevé estudiar en el marco de la reforma del sistema de pensiones, sobre la que no se espera legislar hasta 2021. “Es un asunto que tenemos que abordar porque, entre otras cosas, está en las conclusiones del Pacto de Toledo”, explican a EFE fuentes del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, que añaden que todas las recomendaciones se debatirán en la mesa de diálogo social sobre pensiones que se acaba de abrir con los agentes sociales, si bien el ministro José Luis Escrivá ya avanzó en una entrevista con Efe que no se empezará a legislar en este ámbito hasta principios de 2021, dado que en el tramo final del año la actividad parlamentaria está centrada en los Presupuestos.

En las renovadas recomendaciones del Pacto de Toledo aprobadas este mes se insiste en que se debe suprimir toda discriminación injustificada que afecte a la persona beneficiaria de la pensión de viudedad por no existir vínculo matrimonial previo, como ocurre con el requisito que fija que los ingresos del ultimo año del beneficiario hayan sido inferiores a los del fallecido.

La personificación de esta desigualdad la encarna Silvia Oñate, presidenta de la Asociación Vida de mujeres viudas y madres de hijas e hijos huérfanos, a quien la pensión de viudedad le fue denegada porque al morir su pareja ella cobraba un poco más que él, a pesar de que después se quedó en paro. La campaña mediática de Oñate tuvo eco en Más País, que presentó una enmienda a los Presupuestos de 2021 para corregir esta discriminación y para dar la posibilidad de cobrar la pensión de viudedad a partir de ahora a las personas a quienes se les denegó con arreglo a lo establecido en la Ley General de la Seguridad Social. La Comisión de Presupuestos del Congreso decidió inadmitir la tramitación de la enmienda por suponer un aumento del gasto.

También los sindicatos han llevado esta reivindicación a la mesa de diálogo social de pensiones, según confirma a Efe el secretario de Políticas Públicas y Protección Social de CCOO, Carlos Bravo. En la primera reunión del pasado lunes se planteó como uno de los temas que resolver de manera urgente, antes de avanzar en otras materias.

En sus recomendaciones de 2003, el Pacto de Toledo ya decía que había que evitar discriminaciones legales y que era necesaria una reformulación de las prestaciones de supervivencia para cubrir de forma efectiva las necesidades familiares que genera el fallecimiento de una persona. La reforma de las pensiones de diciembre de 2007 extendió el derecho a percibir una pensión de viudedad a las parejas de hecho, si bien en la exposición de motivos se dejaba claro que la plena equiparación era “inviable” dada la ausencia de una ley de ámbito nacional que igualara jurídicamente a las parejas matrimoniales y las de hecho.

Cada comunidad autónoma ha regulado su propia ley de parejas de hecho y la jurisprudencia del Supremo establece que no son equivalentes jurídicamente a los matrimonios. En abril de 2020 el Gobierno reconoció en una respuesta escrita al senador socialista Alfonso Muñoz Cuenca que entre enero de 2008 y febrero de 2020 se rechazaron 11.666 solicitudes de pensión de viudedad de parejas de hecho, de las que 1.783 fueron denegadas por causa de ingresos y 9.883 por otras causas. En la actualidad se pagan 2,3 millones de pensiones de viudedad que son compatibles con otras rentas, aunque para casi 1,6 millones de pensionistas la prestación de viudedad es su principal fuente de ingresos. De ellos, el 96 % son mujeres y dos tercios tienen más de 75 años. Por tramos de renta, la mayoría (511.888) se concentra en la franja de 650 a 700 euros mensuales.