El alza del salario mínimo destruirá hasta 30.000 empleos

La subida del salario mínimo interprofesional (SMI) en 2021, defendida por la ministra de Trabajo y las organizaciones sindicales, tendrá su fiel reflejo en el mercado de trabajo en términos de destrucción de empleo, sobre todo, en un momento de recesión económica inédita como la actual, que retrotrae a la economía española a los años anteriores a la Guerra Civil española. Así, según las proyecciones realizadas en 2019 por el Banco de España y por la AIReF cuando en 2019 el SMI aumentó en dos años consecutivos un 22%, el próximo año el impacto en términos de empleo de un alza del salario mínimo del 5,3% que propone los sindicatos hasta los 1.000 euros –frente a los 950 actuales– representaría una destrucción de entre 8.000 empleos, según las proyecciones de la AIReF, y 30.000, según el Banco de España.

Si al final no se aplica el incremento demandado por las organizaciones sindicales, pero se acepta el que defiende la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, el coste en términos de empleos podría oscilar entre 17.000 y 5.000, según se apliquen las estimaciones realizadas en su día por el Banco de España o por la AIReF. En un intento de escapar a este escenario nada halagüeño, los empresarios propondrán este lunes, en el segundo encuentro que mantendrán con el secretario de Estado de Empleo y los sindicatos para negociar el alza del SMI para el próximo año, posponer este aumento del salario mínimo a la llegada de una vacuna. La patronal confía en que de la mano de la vacunación masiva de la población la economía española remonte de nuevo el vuelo.

Alineada con los empresarios se encuentra una facción del equipo económico de Sánchez, capitaneada por la vicepresidenta económica, la ortodoxa Nadia Calviño. A ella se ha unido la portavoz y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, más por lealtad al jefe de filas que por sintonía con Calviño. Otro peso pesado del Ejecutivo que se suma a esta tesis de congelación salarial para los trabajadores que perciben el SMI es el titular de Seguridad Social, José Luis Escrivá.

La contienda entre ambos equipos del Gobierno se encuentra en estos momentos en su punto álgido. La fecha y la cuantía de este aumento se han convertido en el caballo de batalla que separa y enfrenta al equipo económico de Sánchez. Los de Calviño se oponen a la subida del 5,3% reclamada por las centrales sindicales. Esta facción socialista considera más adecuado retrasar el alza del salario mínimo hasta que se supere la pandemia. Pero en el caso de que no se pueda posponer a tiempos mejores, defiende un aumento del mismo del 0,9%, estimación de crecimiento de los precios para el próximo ejercicio. De esta manera, «los trabajadores más vulnerables a esta crisis por ser los que menos cobran no sufrirían una merma de poder adquisitivo».

«La prioridad es impulsar la recuperación y la creación de empleo», advierten fuentes del Departamento de Calviño. De ahí que se muestre proclive a congelar el SMI o, como mal menor, a aumentarlo sólo la inflación prevista para evitar un coste en términos de destrucción de empleo, especialmente, entre las pymes, «bastante asfixiadas ya por la crisis», alertan otras fuentes gubernamentales consultadas por este diario. En cualquier caso, Economía recuerda que el Ejecutivo mantiene el compromiso de situar el salario mínimo en los 1.100 euros al final de legislatura, cifra equivalente al 60% del salario medio actual.

Por eso Calviño prefiere, en sintonía con los ministros de Hacienda y de Seguridad Social, posponer el grueso del aumento del salario mínimo comprometido a los ejercicios 2022 y 2023, años en los que prevé que la economía española haya remontado de nuevo el vuelo. El alza defendida por esta facción del equipo económico del Gobierno se traduciría en un SMI de 958,55 euros al mes por catorce pagas, casi 40 euros de diferencia con la propuesta planteada por los sindicatos. Demanda sindical que Unidas Podemos no ve con malos ojos, frente a la de Calviño de subir, como mucho, el 0,9% de inflación prevista en 2021, a imagen y semejanza del alza que experimentarán las nóminas de pensionistas y funcionarios.

Al Consejo de Ministros

Mientras, la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, pretende llevar en breve su propuesta de subida del salario mínimo interprofesional al Consejo de Ministros, pese al rechazo de unos y otros. Es más, espera que se apruebe en la reunión que mantendrá el Gabinete de Sánchez el próximo martes 22 de diciembre o, a lo más tardar, en la del día 29 de este mismo mes, según confirman a LA RAZÓN fuentes gubernamentales. La ministra prefiere cerrar antes con los interlocutores sociales un acuerdo sobre esta materia, consenso que, de momento, se antoja difícil. Díaz aseguró ayer que la CEOE se opone al alza del SMI haciendo uso de un «elemento discursivo, ideológico», ya que se trata de un argumento que ya esgrimió hace un año, cuando «España crecía». En una entrevista en La Sexta, dijo que el discurso «siempre es el mismo. Exista crisis o no, hay una parte de la economía que siempre habla de congelar o bajar el SMI».

Aunque la ministra de Trabajo se niega a hablar públicamente de un porcentaje de aumento del salario mínimo para no empañar las negociaciones con los agentes sociales, Díaz trabaja con una horquilla que oscila entre el 2,4% y el 3,1%, resultado de sumar la inflación prevista del 0,9% a la estimación de crecimiento de la productividad para el año que viene, que oscila entre el 1,5% y el 2,2%. Si Díaz consigue imponer su criterio al resto del Gabinete de Sánchez, los trabajadores que cobran el salario mínimo pasarán a percibir a partir de enero de entre 972,8 a 979,45 euros.

Los podemitas defienden redondear la cifra y situarla en 980 euros, 20 menos de la reivindicada por los sindicatos. Con este aumento de Díaz, el Gobierno cumpliría con la letra y el espíritu del artículo 27 del Estatuto de los Trabajadores. Su redacción establece la fijación de la cuantía del SMI teniendo en cuenta, entre otros parámetros, la inflación y el incremento de la productividad. No obstante, la formación liderada por Pablo Iglesias, en esta materia, se alinea con la petición sindical de fijar el salario mínimo interprofesional en 1.000 euros a partir de enero próximo.