Gobierno y agentes sociales no consiguen llegar a un acuerdo sobre la subida del salario mínimo

La reunión entre el Ministerio de Trabajo y los interlocutores sociales ha terminado, una hora y media después de que comenzará, sin ningún tipo de acuerdo sobre la subida del salario mínimo interprofesional. Ninguna de las tres partes de la negociación movió ficha. Por un lado, la patronal siguió cerrada en banda a un aumento del SMI, mientras, las centrales sindicales y Trabajo, defendieron el aumento del mismo. Las tres partes de la negociación quedaron emplazadas a un nuevo encuentro, aunque no fijaron fecha para la celebración del mismo.

Para UGT y CCOO, es irrenunciable que el salario mínimo interprofesional se sitúe a lo largo de esta legislatura en el 60% del salario medio, como establece la Carta Social Europea y el compromiso alcanzado en España con los agentes sociales. El año 2021 no puede ser una excepción, un paréntesis que nos aleje de este objetivo, sino que debemos seguir avanzando en la mejora de los salarios más modestos. Según los sindicatos, España no puede ser la excepción de la Unión Europea. La mayor parte de países europeos que tienen establecido un salario mínimo van a proceder a su mejora el próximo año: Alemania, Portugal, Francia, Luxemburgo, Holanda, Reino Unido, Irlanda, Bulgaria, Croacia, República Checa, Eslovaquia, Letonia, Lituania, Polonia y Malta, están negociando y pactando subidas del salario mínimo para el año que viene.

Para CCOO y UGT, el SMI es un instrumento fundamental para avanzar en la cohesión social, territorial y sectorial. Nuestro país tiene un gravísimo problema de desigualdad y de pobreza laboral, que exigen el avance progresivo del salario mínimo como herramienta predistributiva que permite avanzar en una mayor cohesión e igualdad de la sociedad. A su juicio, no tiene ninguna justificación que el año que viene se incrementen las pensiones –con más intensidad las mínimas–-, el salario de los trabajadores públicos y los salarios pactados en convenio, mientras que el salario de los trabajadores que se encuentran en una situación más vulnerable al margen de la negociación colectiva, –aproximadamente dos millones de trabajadores se verían beneficiados de la subida del SMI– se quede atrás, y vuelvan a ser estos trabajadores los que carguen con la crisis socioeconómica. Según las centrales sindicales, el escenario económico del próximo año no solo justifica una subida del SMI, sino que la hace necesaria para acelerar la recuperación económica a través de la dinamización del consumo y la demanda interna.

En este contexto, el alza o no del SMI ha provocado un duelo de titanes entre los miembros del Gobierno partidarios de esperar a épocas mejores para aumentarlo y los que piensan que ahora en plena crisis económica es justo el momento preciso de hacerlo para favorecer a los más desfavorecidos. En este último grupo se encuentra la ministra de Trabajo. Yolanda Díaz considera muy preocupante que las empresas españolas no pudieran soportar una subida de apenas 9 euros en el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) en 2021. Esa cuantía es lo que supondría aumentar el salario mínimo el 0,9% del IPC. En declaraciones a La Sexta, Díaz ha afirmado que hay un debate “abierto” sobre el SMI en 2021, que afecta a unos 1,5 millones de trabajadores, y ha emplazado a la reunión que esta tarde mantiene el Ministerio de Trabajo con patronal y sindicatos.

“Si la economía española y las empresas españolas no pueden soportar una subida que no alcanza ni siquiera 9 euros es que estaríamos en un espacio muy grave”, ha insistido. Una subida mensual de 9 euros en el SMI, fijado en 950 euros mensuales en 14 pagas para este año, sería aplicar un alza del 0,9 %, la misma que recogen los Presupuestos para las pensiones o los sueldos de los funcionarios.

Desde Trabajo se han mostrado contrarios a congelar el SMI para 2021 y han abogado por subirlo al menos en ese nivel aplicado para pensionistas o funcionarios. Otros miembros del Gobierno, como la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, se mostró este lunes partidaria de no imponer una subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) si no hay acuerdo para llevarla a cabo entre los agentes sociales, alineándose así junto a la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, y en contra de lo expresado por la ministra de Trabajo. “Está claro que tenemos ese compromiso, no sólo en términos salariales, también en la calidad del empleo, en redignificar el empleo y reducir la desigualdad de nuestro país”, insistió, emplazando a esperar a ver cómo se desarrollan las negociaciones del diálogo social convocadas para esta tarde.

Su respuesta fue rápidamente criticada por el secretario general de CCOO, Unai Sordo, quien desde tTwitter apuntó que “decir esto es tanto como otorgar derecho de veto a CEOE”, e instó al Gobierno a promover el diálogo social, “no ponerle palos en las ruedas”. Calviño se mostró “cien por cien de acuerdo” con Sordo en cuanto a que el Gobierno “tiene que impulsar el diálogo social”, pero también apuntó que va a actuar “con responsabilidad” como hasta ahora y “tomar decisiones oportunas en el momento oportuno”.

“Es muy distinto tomar una decisión de subida del salario mínimo en un contexto de crecimiento económico como el que hemos tenido en estos últimos años, que cuando en este año las previsiones apuntan a una caída del PIB”, indicó, apuntando que el Gobierno debe tomar la decisión que “sea la adecuada desde el punto de vista del interés general”. Para ello refirió que toca partir de una “una prioridad muy clara”: “recuperar el crecimiento económico, recuperar e impulsar la creación de empleo”, subrayando que aún hay “más de 750.000 trabajadores cubiertos por Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) que tienen que ser readmitidos o reintegrados en sus empresas”, y más de 250.000 trabajadores que han perdido su empleo desde primavera y “tenemos que seguir creando empleo en las próximas semanas”.

Calviño aseguró que el Gobierno no ha adoptado decisión alguna al respecto, precisamente a la espera de ver qué ocurre esta tarde en la reunión con los agentes sociales, pero abundó en que, si no hay acuerdo entre ellos, “a lo mejor lo que nos está diciendo es precisamente que hay que tomarse un poco de tiempo para tomar esa decisión en un contexto en el que tengamos ya enfilada la recuperación económica” en el año 2021 y “tengamos un contexto de mayor certidumbre que nos permita estimar cuál puede ser el impacto”.

Al respecto, la ministra recordó que precisamente el impacto de la crisis golpea a los grupos más vulnerables y son también a los que afectaría “un impacto del salario mínimo”, ya que afectaría sobre todo a las mujeres y a los jóvenes. “Y en este momento nuestra prioridad tiene que ser la de proteger y acompañar a estos colectivos y ayudar a que cuanto antes se recupere el empleo perdido, que se reintegran los trabajadores en ERTE y que podamos tener una recuperación económica lo más intensa posible en los niveles”, resumió.

Ante la pregunta de si una subida del 0,9%, que puede suponer aumentar los salarios en apenas en 9 euros al mes, supone un riesgo y, por tanto, implica que las empresas son muy vulnerables, Calviño eludió entrar al fondo indicando que “no estamos hablando de que se lo permitan o no las empresas”.

“Estamos hablando -dijo- de si debe el Gobierno en este momento imponer esa decisión sobre empresas en las que a lo mejor lo que están decidiendo es si abre o no abre en el año que viene, si contratan o no contratan a más personas para la próxima temporada turística. Estamos en un momento de una enorme sensibilidad desde el punto de vista de la toma de decisiones, con una enorme incertidumbre”, zanjó, confirmando que el Gobierno prevé aprobar mañana precisamente ayudas a sectores como es el ‘Horeca’ (Hostelería, Restaurantes y Caterging), fuertemente afectado por la crisis. Por último y ante las aseveraciones desde Unidas Podemos de que ejercen presión para tener medidas sociales como sería la subida del SMI, Calviño aseguró no tener sensación alguna de que “haga falta alguna presión para que tengamos una agenda social”, explicando que es lo que el Gobierno lleva dos años y medio haciendo con una política económica, de “marcado carácter social”.

“Este es un Gobierno progresista, feminista, que lleva desarrollando esta agenda”, remarcó, subrayando que desde su primera entrevista ya habló de crecimiento sostenible y justo, de sostenibilidad económica, medioambiental y social porque “esta es nuestra agenda de Gobierno”. La ministra reconoció que puede haber debates, pero emplazó a evitar “ruido” y conflictos, “a lo mejor artificiales”, y mirar los hechos, porque “los gobiernos hablan a través del BOE de sus decisiones y los ciudadanos saben muy bien que hay que juzgar a los gobiernos por sus acciones”.