El Gobierno prorrogará hoy el salario mínimo hasta que patronal y sindicatos lleguen a un acuerdo

El Consejo de Ministros aprobará hoy la prórroga del actual real decreto que consagra que el salario mínimo interprofesional continúe fijado en 950 euros sine die mientras los sindicatos y empresarios negocian con el Ministerio de Trabajo su subida. Se trata de evitar que a partir del 31 de diciembre, que expira el real decreto actual, se produzca un vacío legal. Así lo han confirmado a LA RAZÓN fuentes del Departamento de Yolanda Díaz. Si, al final, los interlocutores sociales sellan un pacto para aumentar el SMI en la proporción que decidan, se aplicará con carácter retroactivo desde el día 1 de enero próximo.

Esta prórroga del salario mínimo no será la primera que se apruebe. Ya sucedió en 2019 para poder cumplir con el artículo 27 del Estatuto de los Trabajadores, que establece la revalorización del salario mínimo en función de la previsión de alza de la inflación y de la productividad. Según estos baremos, el aumento del SMI tendría que oscilar en 2021, en cumplimiento del Estatuto de los Trabajadores, desde el 2,2% al 3,1%, porcentajes que tienen en cuenta el aumento de precios y de productividad prevista para el próximo año. De hecho, Díaz trabajaba con una horquilla de incremento que oscilaba entre el 2,4% y el 3,1%, resultado de sumar la inflación prevista del 0,9% a la estimación de crecimiento de la productividad para el año que viene, que oscila entre el 1,5% y el 2,2%. Si Díaz, al final, aunque sea en 2021, consigue imponer su criterio al resto del Gabinete de Sánchez, los trabajadores que cobran el salario mínimo pasarán a percibir con carácter retroactivo desde enero entre 972,8 a 979,45 euros. Mientras, lo sindicatos hasta ahora se han atrincherado en un incremento del 5,3% o, lo que es lo mismo, 1.000 euros al mes por catorce pagas al año.

Esta prórroga del real decreto llega después de un duelo de titanes protagonizado por un lado por los empresarios, respaldados por una parte del grupo económico de Sánchez, liderado por la vicepresidenta económica, Nadia Calviño; y del otro lado por los ministros podemitas, capitaneados por Yolanda Díaz. Al final, la gran ganadora, prácticamente por primera vez desde que existen estas pugnas en el seno del Gobierno, es Nadia Calviño. La vicepresidenta ha conseguido imponer su tesis, aplaudida por la patronal, de esperar a tiempos mejores para incrementar el SMI. La vicepresidenta prefiere posponer su incremento, al igual que la CEOE, a que haya una vacunación masiva y, por tanto, la economía vuelva a retomar su pulso. En ese sentido, «la prioridad es impulsar la recuperación y la creación de empleo», advierten fuentes del Departamento de Calviño.

De ahí que se muestren proclives a aumentar el SMI sólo con la inflación prevista y cuándo se pueda para evitar un coste en términos de destrucción de empleo, especialmente, entre las pymes, «bastante asfixiadas ya por la crisis», alertan otras fuentes gubernamentales consultadas por este diario. En cualquier caso, Economía recuerda que el Ejecutivo mantiene el compromiso de situar el salario mínimo en los 1.100 euros al final de legislatura, cifra equivalente al 60% del salario medio actual. Por eso Calviño prefiere, en sintonía con los ministros de Hacienda y Seguridad Social, posponer el grueso del aumento del salario mínimo comprometido a los ejercicios 2022 y 2023, años en los que prevé que la economía española haya remontado de nuevo el vuelo.

El alza del 0,9% de la previsión de la inflación defendida por esta facción del equipo económico del Gobierno cuando comience la vacunación contra la covid-19 se traduciría en un SMI de 958,55 euros al mes por catorce pagas, casi 40 euros de diferencia con la propuesta planteada por los sindicato e idéntica subida a la que experimentarán las nóminas de pensionistas y funcionarios. Según fuentes sindicales, las puertas están abiertas a negociar este alza del SMI en próximas semanas para aplicar con carácter retroactivo desde enero del próximo año.