Trabajo estudia penas de cárcel para las infracciones más graves en los ERTE

La Inspección de Trabajo y Seguridad Social ha acordado incrementar en 2021 las actuaciones encaminadas a controlar el cumplimiento normativo de protección de los derechos de los trabajadores, tanto a nivel laboral como frente al riesgo de contagio del coronavirus. Preservar el correcto cobro de las prestaciones que procedan de los ERTE; que se cumpla con la normativa para la reactivación de estas plantillas; que no se vulnere la legislación en materia de Seguridad Social –que se cumplan con las obligaciones de altas y bajas, y que se aplique la correcta base reguladora–; control del registro horario; prohibición de despedir durante seis meses desde la vuelta a la actividad... Si los inspectores detectarán alguna irregularidad en cualquiera de estas materias –y cualquier otra derivada–, las consecuencias serían más gravosas para el empleador a partir de este año.

Las empresas que infrinjan la normativa laboral y fueran detectadas se enfrentarían a unas sanciones superiores en un 20% a las que había hasta ahora. El Ministerio de Trabajo está ultimando un decreto ley mediante el que actualizará la tabla de multas y sanciones económicas que, según su gravedad, podrían incluso revertir en consecuencias penales.

El Ministerio que dirige Yolanda Díaz realizará esta modificación a través de la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social, que debe entrar en vigor en este ejercicio. En principio, los importes se actualizarían con respecto al IPC acumulado desde 2007 –de diciembre de ese año a diciembre de 2019–, lo que otorgaría un incremento de prácticamente el citado 20%. Los técnicos de Trabajo pretenden también modificar el reglamento general sancionador, al que aplicarán también algunas ventajas y descuentos por pronto pago, que podrían alcanzar hasta el 40% del importe de la multa. Eso sí, será obligatorio el reconocimiento de la sanción y la renuncia a recurrirla en las instancias administrativas correspondientes.

Yolanda Díaz se puso como objetivo para esta legislatura perseguir con contundencia el fraude laboral y este nuevo decreto es un primer paso para lograrlo. Una vez que sea aprobado, las empresas y autónomos con trabajadores a su cargo que incurran en alguna de estas irregularidades laborales verán incrementados los importes de las sanciones por fraude a la Tesorería de la Seguridad Social. Según datos oficiales de Trabajo, a día de hoy los importes oscilan entre los 60 euros, para los casos más leves, y los 187.515 euros para los más graves. Una vez que llegue la remodelación de las tablas, la horquilla sancionadora se establecería entre 70 y 225.000 euros, ya sea para casos leves, graves o muy graves.

En el caso de estos últimos, los técnicos que preparan esta actualización estarían barajando incluso elevar las consecuencias de la infracción al ámbito penal. Por ejemplo, para casos de extrema gravedad relacionados con fraudes en la aplicación de los ERTE –cuando la cuantía defraudada supere los 50.000 euros– estudian la aplicación del artículo 307 del Código Penal, que castiga el fraude a la Seguridad Social con penas de prisión de entre uno y cinco años, y una multa equivalente a seis veces el dinero impagado o recibido indebidamente de las arcas públicas. Todavía no se ha decidido si las multas se aplicarán con carácter retroactivo a 1 de enero de 2021.