El gobernador defiende destinar los fondos europeos a financiar reformas estructurales

El gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, se ha mostrado convencido este martes de que el Gobierno de Sánchez debería destinar parte de los fondos europeos que recibirá España para la reconstrucción de la economía en la era poscovid a financiar la reformas estructurales que necesita el país para salir de la crisis. Así lo ha defendido durante su intervención en el Cercle d’Economia. España recibirá este año un anticipo de 27.000 millones de euros de los 140.000 millones que le corresponde de estos fondos (70.000 millones en subvenciones a fondo perdido y otros 70.000 en préstamos).

La máxima autoridad monetaria española ha considerado necesario no sólo invertir este capital en los programas previstos, sino también las reformas estructurales imprescindibles para modernizar el tejido industrial español y, así, contribuir a salir de la actual recesión. A su juicio, el Gobierno debería acometer un ambicioso plan de reformas estructurales, entre las que ha destacado la del mercado laboral, la del sistema público de pensiones y la del modelo educativo, justo semanas después de que el Gabinete de Sánchez haya conseguido sacar adelante en el Parlamento la Ley Celaá.

En ese sentido, ha advertido de que las medidas excepcionales sobre la economía deberán continuar aplicándose, ya que los efectos económicos de la distribución de la vacuna contra la covid-19 tardarán en percibirse en la economía. Por eso, ha considerado importante afrontar en paralelo los retos de medio plazo de nuestra economía.

“El escenario extraordinariamente complejo que se dibuja como consecuencia de la pandemia hace más necesaria, si cabe, la definición de una agenda de reformas estructurales ambiciosa. Unas reformas que ya eran necesarias antes de esta crisis, teniendo en cuenta la pobre dinámica de la productividad en nuestra economía, la elevada tasa de paro estructural y de temporalidad en el empleo, y los desafíos asociados con el envejecimiento de la población, el incremento de la desigualdad y el cambio climático”. Además, ha puesto el énfasis en la necesidad de diseñar una estrategia de saneamiento de las finanzas públicas para su implementación gradual una vez finalice la crisis de la pandemia. En este contexto, ha considerado que los fondos europeos para la recuperación “pueden y deben servir” para financiar algunas de las reformas estructurales, más allá de destinarse prioritariamente a la financiación de proyectos que persigan mejorar nuestro crecimiento de medio y largo plazo.

“Es difícil pensar en una reducción sostenible de los niveles de desigualdad en nuestro país sin una mejora de la productividad o sin una reducción del desempleo”, ha alertado. “La mejora de la dinámica de la productividad exige actuaciones en varios ámbitos, como el sistema educativo, lastrado en la actualidad por un abandono escolar muy elevado y por reducidos niveles de calidad relativos”. Además, la tasa de paro de los universitarios españoles es casi el doble de la del área del euro. España no cuenta con ninguna universidad entre las 100 primeras a escala mundial. Por eso, el gobernador ha alertado de que la suspensión de la educación presencial durante la fase más aguda de la pandemia ha afectado al rendimiento académico o al aprendizaje de habilidades no cognitivas.

“El capital tecnológico es otro pilar fundamental sobre el que debe descansar cualquier estrategia de crecimiento. La economía española tampoco sale bien parada en esta dimensión”, ha advertido. La proporción de empresas innovadoras en España se sitúa muy lejos de los porcentajes observados en Francia, Italia o Alemania, y el peso sobre el PIB de la inversión pública y de la privada en I+D es un 26 % y un 54 %, respectivamente, inferior al promedio europeo. En este sentido, la economía española se caracteriza por el reducido tamaño de sus empresas, y es precisamente en las pymes donde se observa un elevado diferencial negativo de productividad con respecto a las europeas. “Potenciar su crecimiento permitiría no solo aumentar la productividad, sino también mejorar la solidez financiera del tejido empresarial. La crisis actual ha vuelto a poner de manifiesto la fragilidad e las empresas de reducida dimensión en un entorno recesivo”, ha avisado.

En este contexto, ha defendido que, en un país tan descentralizado como España, resultaría conveniente que las autonomías y ayuntamientos pusieran en común sus diferentes normativas para adaptar sus requisitos a las mejores prácticas y reducir las actuales trabas a la unidad de mercado español. “Resultaría conveniente establecer procedimientos administrativos ágiles y simplificados, que mejoraran la eficiencia de los procesos de reestructuración, insolvencia y alivio de la carga financiera”.

Las empresas deudoras con dificultades financieras deberían tener acceso, en su opinión, a un marco de reestructuración preventiva que les facilitara continuar con su actividad empresarial cuando aún son viables. La rapidez en la resolución de estas situaciones resulta también esencial para minimizar las pérdidas sociales derivadas del quebranto del valor de los activos por la dilación de los procesos.

Despidos crecientes

El gobernador se ha mostrado partidario de reducir la dualidad en el mercado de trabajo. Para ello, ha defendido la revisión de los mecanismos de protección al empleo bajo el prisma de compatibilizar la necesaria protección de los trabajadores con la flexibilidad de las empresas. En particular, ha considerado conveniente explorar figuras como la de contratos con costes de despido crecientes, que reduzcan las discontinuidades artificialmente elevadas de protección entre diferentes años de experiencia.

“También merecen atención aquellos modelos mixtos que combinan la posibilidad de acumular por anticipado una parte de los costes de despido en un fondo mientras el trabajador mantiene el empleo con una indemnización en caso de despido de cuantía creciente, según la experiencia acumulada”. Además, ha apostado por habilitar mecanismos que permitan un seguimiento y orientación individualizados de los desempleados, basados en técnicas de perfilado estadístico de los parados y de las vacantes disponibles, por reforzar la formación continua y mantener los contratos de formación, con la mayor flexibilidad posible tanto para los trabajadores jóvenes como para las propias empresas contratantes. Según Hernández de Cos, es importante revisar el sistema actual de bonificaciones a la contratación y priorizar las dirigidas a los colectivos con menor formación, analizando continuamente su efectividad.

Además, se ha mostrado partidario de asegurar el correcto funcionamiento de los diferentes mecanismos de flexibilidad de las empresas disponibles en el actual marco legal. “Estas palancas de ajuste interno, convenientemente calibradas a la situación actual, suponen una opción valiosa para salvaguardar la viabilidad de muchas empresas y, por consiguiente, de sus puestos de trabajo”.

El debate de la reforma de las pensiones, en su opinión, debería iniciarse con la fijación del nivel de prestaciones que debe proveer el sistema público de pensiones y asegurar la movilización de los recursos suficientes para sufragarlas, estableciendo unos parámetros básicos de equidad intergeneracional. En este sentido, algunos países (como Alemania, Suecia o Italia) han optado por incorporar mecanismos de ajuste entre la esperanza de vida y el nivel de las prestaciones o la edad de jubilación para estabilizar el sistema. Además, sería conveniente, según el gobernador, aumentar su transparencia y reforzar el vínculo entre las contribuciones realizadas y las prestaciones recibidas, asegurando siempre un nivel adecuado de suficiencia. También sería deseable la introducción de incentivos que favorezcan un mayor alineamiento entre la edad de jubilación efectiva y la legal.

La máxima autoridad monetaria española ha apostado por la creación de un mecanismo fiscal de estabilización macroeconómico europeo, de carácter permanente, que permita una mayor compartición de riesgos, como, por ejemplo, un seguro de desempleo europeo, por culminar la Unión Bancaria, con la aprobación de un Fondo de Garantía de Depósitos europeo plenamente mutualizado y por avanzar en la reducción de las barreras que impiden que exista una verdadera Unión de los Mercados de Capitales.