Caos en el SEPE: el Gobierno podrá despedir en marzo a los 1.500 trabajadores contratados para reforzarlo

Las malas noticias en el SEPE no cesan. Al colapso que se mantiene en las tramitaciones por la llegada de la tercera ola de solicitudes de ERTE, por el aumento de desempleados y de la generalización de prestaciones se suma ahora la intención del Gobierno de prescindirde los 1.500 trabajadores contratados para reforzar el servicio. Su pretensión es poner fin a sus contratos el próximo mes de marzo, a pesar de que la dirección de este organismo, dependiente del Ministerio de Trabajo, solicitó a la ministra Yolanda Díaz que prorrogara sus contratos durante todo el año 2021 en previsión, precisamente, por lo que se preveía iba a acontecer tras la Navidad y las nuevas oleadas del virus.

Así lo ha denunciado la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), que ha vuelto a advertir del colapso que se vive en el Servicio de Empleo, y que ni siquiera se consigue desatascar con la ampliación de las horas extras autorizadas y los refuerzos de plantilla, esos 1.500 trabajadores, que son insuficientes para compensar el exceso de trabajo. “Y si ni siquiera son capaces de entender que la pandemia va a seguir golpeándonos y elevando nuestra presión en el trabajo, es que en el Ministerio saben muy poco de lo que hacemos en el SEPE”.

En concreto, la dirección de este organismo solicitó por escrito a la Comisión Ejecutiva de la Comisión Interministerial de Retribuciones (CECIR), formada por las direcciones generales de Hacienda y de Función Pública, que se prorrogaran hasta diciembre de este año los contratos de estos trabajadores interinos para dar seguridad tanto a la plantilla como al propio servicio. Pero esta comisión ha denegado por escrito esta solicitud y no ha dado su visto bueno a la autorización para la renovación durante un año de estos interinos. La causa aducida ha sido la “racionalización del gasto” y por “el ajuste fiscal”. Por tanto, solo se autoriza la prórroga de sus contratos “hasta el final del mes de marzo”, fecha en la que ya podrían ser despedidos.

Sin embargo, el Ministerio de Trabajo ha negado a LA RAZÓN tanto el colapso como que se vaya a prescindir de ningún trabajador y recuerda que los 1.500 interinos fueron renovados con la intención de mantenerlos en los puestos, “porque se renuevan de manera periódica y se procederá, como en el mes de diciembre, a su renovación en el mes de marzo si fuera necesario. Por tanto, no es el punto final de la incorporación de los interinos al SEPE porque todos los contratos van a ser prorrogados durante el tiempo que hagan falta”. Trabajo ya confirmó a este diario que está elaborando una Relación de Puestos de Trabajo (RTP) “acorde con un organismo público que garantice un servicio de calidad y adecuado a las necesidades de los ciudadanos”, por lo que los puestos de trabajadores de refuerzo solo se dejarían de renovar cuando su puesto fuera cubierto por un funcionario con plaza.

Pero para CSIF, esta situación de temporalidad solo crea tensión y complicaciones. “No es de recibo que tengamos que estar pendientes cada tres meses de si les renuevan los contratos o no. Es lamentable”, manifestaron a este diario, y han insistido en que “ni siquiera se respeten los tiempos de la prórroga que van a aprobar para los ERTE hasta el 31 de mayo. Esa debería ser al menos la fecha mínima de la renovación, si fueran mínimamente consecuentes”. Asimismo, recuerdan que preparar laboralmente a estos trabajadores “no es sencillo. El trabajo es enormemente técnico, por lo que se tarda tiempo en estar operativo. Si ahora reemplazan o directamente despiden a cualquier de ellos, el agujero sería tremendo y difícil de tapar”.

En los últimos diez años, como consecuencia de las políticas de recortes, el SEPE ha perdido 3.400 efectivos y cuenta ahora con apenas 8.000 trabajadores, de los que un 30% son temporales, “una cifra totalmente insuficiente para atender a la ciudadanía”, critican en CSIF, “si estos funcionarios se reparten entre delegaciones provinciales y otros organismos del Servicio, el porcentaje final de plantilla es mínimo para el descomunal nivel de trabajo actual”. Pese a ello, este organismo ha atendido a más de 8 millones de ciudadanos en 2020, a pesar de que desde el Gobierno han demostrado que “no tienen una apuesta clara por el SEPE”.

El presidente de CSIF, Miguel Borra, ha resaltado en una entrevista en la Cadena Cope el esfuerzo realizado por el colectivo de empleados públicos españoles para afrontar las necesidades derivadas del temporal y la pandemia, “lo que nos demuestra la importancia de tener un sistema público sólido que garantice las prestaciones y servicios a los ciudadanos”. Sin embargo, Borra ha apuntado que las necesidades “han puesto al descubierto las costuras del sistema tras años de recortes”, e insiste en que el actual Gobierno “mantiene en mantillas a la Administración”. Según recuerda CSIF, en los últimos 10 años, los grupos A1 (médicos, profesores de instituto, etc) han sufrido una pérdida de poder adquisitivo de 53.000 euros (equivalente a trabajar 18 meses gratis), un A2 (enfermero, maestro, entre otros) 40.000 euros (15 meses gratis) y un C1 (policía local o funcionario de prisiones) han perdido el equivalente a 13 meses.

También explicó que esta situación afecta, junto a la Sanidad, a todos los ámbitos de las administraciones públicas como el Servicio Público de Empleo Estatal, la Seguridad Social, la Educación, la Justicia, Prisiones… En este sentido, lamentó que pese a la labor y las dificultades que afronta este colectivo, “se le cuestiona hasta una subida salarial mínima del 0,9%”. Por ello, los ciudadanos no ven las Administraciones Públicas como una salida profesional y “cuando hemos querido contratar más médicos y enfermeros nos hemos encontrado con que no hay”. Igualmente, Miguel Borra insistió en la necesidad de reforzar las plantillas con 106.000 plazas a nivel general en los próximos tres años y en el caso de la Sanidad se ha planteado al Gobierno un plan a 10 años para crear 280.000 trabajadores.