El Gobierno subirá el máximo exigido de patrimonio y renta para acceder al ingreso mínimo vital

El Ministerio de Seguridad Social está realizando este mes un estudio de cómo está funcionando la prestación del ingreso mínimo vital (IMV) y por qué no llega al universo potencial de beneficiarios que se eleva a 2,5 millones de personas o lo que es lo mismo 850.000 hogares. Sin embargo, en los seis primeros meses de su puesta en marcha se concedieron a 160.000 hogares y a día de hoy a 200.000 Es decir, más medio millón de beneficiarios cobran esta renta. Con el punto de mira puesto en ampliar la población beneficiaria, la Secretaría General de Inclusión diseña unos itinerarios de inclusión para desplegar el IMV, dibujando con mayor precisión las características de los destinarios y perfilando un mapa de inclusión, que refleje todas las prestaciones de este tipo, que ahora se encuentran muy atomizadas. Además, analiza la modificación de los umbrales de renta y de patrimonio máximos exigidos para acceder a la prestación, tal y como adelantó el propio ministro de Seguridad Social en el Congreso de los Diputados el pasado 2 de diciembre.

Durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros de hoy, Escrivá ha admitido que su Departamento aún no tiene diagnóstico sobre esta materia, pero está analizando esta situación. “Puede haber habido hogares a los que se les ha denegado por estar por encima de los umbrales de renta, de patrimonio neto o por una combinación de los dos, pero se han quedado cerca”, ha advertido el titular de Seguridad Social. El objetivo del IMV es “erradicar la pobreza” y, por ello, se está considerando “modificar los umbrales de renta y de su patrimonio” fijados en su momento, con el fin de llegar a todos los eventuales hogares más vulnerables.

No es la única modificación que va a realizar el Ejecutivo en relación a la prestación del IMV. Escrivá ya había anunciado su intención de realizar una modificación normativa sobre la certificación de la unidad de convivencia. El Departamento de Seguridad Social quiere abordar de manera “inminente” todos estos cambios para llegar cuanto antes a esta población que sufre con mayor virulencia la actual crisis económica, que ha provocado la pandemia del coronavirus. Para ello, el Ministerio colabora ya con los servicios sociales de los ayuntamientos y de las ONG para la certificación de estas unidades familiares que, en los casos de algunos hogares vulnerables, “no son fáciles” de certificar a través del padrón. Es decir, los mecanismos habituales no sirven para detectar estas nuevas unidades familiares o de convivencia.