Récord histórico: la Administración dispara el empleo temporal por encima del millón

La temporalidad se ha instalado desde hace tiempo en las administraciones públicas, sin que ninguno de los gobiernos de turno, ya sea en el Estado, en las autonomías o en las entidades locales hayan intentado poner coto a los “excesos” que se vienen repitiendo durante años. Los sindicatos denuncian que los diferentes planes para reducir la temporalidad en las empresas públicas han sido “poco ambiciosos” y los consideran “insuficientes” y “discriminatorios” en sectores fundamentales como la Sanidad y la Educación, que acusan tasas de interinidad que superan de largo el 50% en algunos casos.

Y la situación se ha disparado exponencialmente por culpa de la pandemia. Según la Encuesta de Población Activa conocida hoy, la temporalidad del sector público registrada al cierre de 2020 superó por primera vez el millón de empleos de duración limitada, debido a los refuerzos realizados en los diferentes niveles de la Administración para afrontar el incremento de trabajo provocado la crisis sanitaria, especialmente concentrados en sectores como la Sanidad, Educación y o la Administración General del Estado, sobre todo en el SEPE y en Seguridad Social.

En concreto, el sector público terminó el año pasado con 1.011.500 personas con algún tipo de contrato temporal, 106.200 más que un año antes, dejando la tasa de temporalidad en el 29,9%, frente al 20,7% general, más de nueve puntos de diferencia. Para solucionar esta situación los sindicatos ya han reclamado en innumerables ocasiones al Gobierno que elimine la tasa de reposición y dé luz verde al incremento urgente de las plantillas públicas con empleo estable. Según el sindicato CSIF, se necesitan 106.000 empleos nuevos en los próximos tres años y 289.235 plazas específicas para la Sanidad.

CSIF ha vuelto a denunciar que todos los gobiernos -central, autonómicos y municipales- mantienen la temporalidad como su primera, y en la mayoría de los casos, única opción para solventar sus necesidades estructurales de personal, por lo que insta al recién nombrado ministro de Política Territorial y Función Pública, Miquel Iceta, a que inicie las negociaciones con los agentes sociales “lo antes posible”. A juicio, es necesario un “acuerdo de legislatura” en materia de retribuciones y de plantillas, afrontando el problema del exceso de temporalidad y del déficit estructural de las plantillas, que “se ha puesto en evidencia” durante la pandemia.

El sindicato ha advertido de que las necesidades estructurales de personal en diferentes ámbitos hacen que las Administraciones Públicas afronten la pandemia con empleo precario e indicó que en el último año se ha registrado un récord histórico con 125.800 incorporaciones, con lo que “la inmensa mayoría responde a los citados contratos temporales”. Por ello, las administraciones alcanzaron la mayor cifra de temporalidad de su historia en el cuarto trimestre de 2020, superando por vez primera el millón de personas con contrato temporal.

La pandemia ha puesto en evidencia las necesidades estructurales de las administraciones públicas y al borde del colapso en ámbitos como los centros sanitarios, educativos, el SEPE, la Seguridad Social o la Administración de Justicia. La razón, que en los últimos 10 años se han destruido 100.916 puestos públicos, según un informe realizado por CSIF, que recuerda además que los funcionarios arrastran una pérdida de poder adquisitivo de entre el 12,9% y el 17,9% desde 2010.