Escrivá deniega hasta hoy 60.000 peticiones de IMV de personas “sin techo” y temporeros

A partir de ahora, flexibiliza los criterios de lo qué se considera unidad de convivencia para poder llegar a este colectivo más vulnerable

MADRID, 02/02/2021.- El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, junto a la ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, en rueda de prensa tras reunión del Consejo de ministros
MADRID, 02/02/2021.- El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, junto a la ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, en rueda de prensa tras reunión del Consejo de ministrosBallesterosEFE

Casi un año después, el Departamento de Escrivá ha detectado ahora que ha denegado a 60.000 personas “sin techo” y temporeros, el colectivo más azotado, sin duda, por la pandemia, la prestación del ingreso mínimo vital (IMV) por no cumplir la acreditación de la unidad de convivencia. Por eso, el Consejo de Ministros intentó hoy corregir este agujero negro e incluyó en el real decreto ley de medidas dirigidas a la población más vulnerable por la covid-19 la flexibilización de las condiciones de acceso al ingreso mínimo vital, que facilitará que temporeros y “sin techo”, que residen temporalmente con familiares, en albergues, casas de acogida o hogares colectivos accedan a esta prestación. Además, regula las situaciones de convivencia transitoria, es decir, casos en que “por ejemplo como resultado de un divorcio o un desahucio” los potenciales beneficiarios convivan con familiares en un hogar mayor, lo que con la anterior regulación podría llevar a la denegación de la prestación al ver aumentada el máximo exigido de renta.

De esta manera, de forma transitoria se considerará una unidad de convivencia independiente a los beneficiarios en casos de violencia de género, divorcio o separación y desahucio o inhabitabilidad, en los dos últimos casos con límite temporal. Además, las personas sin hogar, cuyo domicilio real sea distinto al de empadronamiento o viviendas en las que convivan distintas unidades familiares, se les facilitará acceder a esta prestación. En estos casos, estas circunstancias podrán ser acreditadas por los servicios sociales y las entidades colaboradoras.

Además, el Ministerio de Seguridad Social sigue estudiando la posibilidad de elevar los umbrales de renta y de patrimonio para acceder al IMV, tal y como adelantó el propio ministro durante su comparecencia en noviembre en el pleno del Congreso de los Diputados. Según José Luis Escrivá, esta prestación se encuentra en continua evaluación para intentar llegar al universo potencial de beneficiarios, 850.000 hogares o lo que es lo mismo 2,5 millones de personas.