El Congreso convalida el decreto que protege a los “okupas” aunque incurran en un delito

El Gobierno ha logrado sacar adelante hoy en el Congreso de los Diputados la convalidación del Real Decreto-ley 1/2021, de 19 de enero, de protección de los consumidores y usuarios, que introduce modificaciones de carácter técnico al real decreto ley de 22 de diciembre aprobado para frenar los desahucios durante el estado de alarma para personas sin alternativa habitacional. Gracias a una disposición adicional que forma parte del real decreto ley aprobado hoy, se paraliza el desahucio aún en el caso de que haya delito, limitando la ejecución del mismo a los casos en los que haya violencia o intimidación sobre las personas. Una medida que, según el sector, invita a la okupación en España.

El texto ha sido aprobado con 188 votos a favor, 154 en contra y 8 abstenciones. No obstante, el Congreso también ha aprobado que se tramite como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia, con lo que algunos de sus artículos podrían variar.

Entre los que votaron en contra se contaron tanto el PP como Vox, que han anunciado que interpondrán sendos recursos de inconstitucionalidad contra el decreto porque, según entienden, avala la okupación ilegal. Desde el PP, su portavoz, Cuca Gamarra, ha asegurado que se trata de una norma que no recoge ninguna medida concreta» para proteger al consumidor vulnerable y tampoco aporta «ninguna efectividad real» en su conjunto. Desde Vox, su diputada Cristina Alicia Esteban Calonje también ha anunciado la interposición de otro recurso de inconstitucional frente al real decreto en base a que «el derecho a la propiedad privada es fundamental en democracia».

Edmundo Bal, de Ciudadanos, ha calificado también como “disparate” y “tropelía” el decreto por querer “justificar” un supuesto de “okupación” e ir en contra del artículo 245 del Código Penal de delitos sobre el patrimonio. UPN, por su parte, se ha mostrado contrario a este decreto por “poner alfombra roja a los okupas”.

Meter miedo

Mientras, el ministro de Consumo, Alberto Garzón, se ha limitado a defender el contenido del decreto respecto a la figura de los consumidores vulnerables, mayores, menores de edad, del ámbito rural o personas sin educación digital. La diputada socialista Marisol Sánchez ha sido quien ha contestado a las críticas de la derecha y les ha acusado de “meter miedo”. Sánchez ha avisado a Vox de que “se empieza diciendo que el ministro es un okupa y se acaba ocasionando ‘okupaciones’ de la sede del Congreso por creer que es ilegitima, ilegitimando las instituciones”. “No es cierto que se este protegiendo delincuentes” ni atacando “el derecho a la propiedad privada”, ha enfatizado Sánchez, sino que se especifica que se da un plazo de tres meses para que los servicios sociales busquen una solución habitacional.