Tensión
Podemos denuncia que el PSOE aplaza la ley de vivienda hasta después de las elecciones catalanas
Los morados querían contar con la norma antes del 14-F y denuncian que ambos firmaron en octubre “un plazo de tres meses” para elevar el anteproyecto al Consejo de Ministros
Unidas Podemos denuncia que el PSOE ha aplazado las negociaciones para encarar la ley de Vivienda hasta después de las elecciones catalanas. Si bien los morados querían avanzar la medida de cara a la campaña electoral y para frenar cuanto antes la prohibición de desahucios, las conversaciones no se retomarán de inmediato.
Según señalan fuentes de Unidas Podemos, tras que esta semana se conocieran las “importantes discrepancias” entre PSOE y Unidas Podemos con respecto la ley de la vivienda, ayer el “Ministerio de Transportes se negó a compartir el borrador completo del texto legislativo”, tal y como se había acordado con los morados, hasta que “se celebren las elecciones catalanas”.
Posponer las negociaciones implica, además, que resultará complicado cumplir con el calendario inicial, que preveía el Gobierno: tener la norma lista para mediados de este mes. De este modo, la ley no llegará al Consejo de Ministros hasta finales, como mínimo.
El partido incide que a día hoy aún no conocen el borrador de la ley y que tampoco han recibido respuesta a la propuesta formalizada a su socio de Gobierno hace cuatro meses, sobre la regulación de los precios del alquiler. Además, el partido quiere obligar a los grandes tenedores a que dediquen el 30% de sus viviendas al alquiler social. Sobre la prohibición permanente de desahucios sin alternativa habitacional a familias vulnerables. Sobre la puesta en marcha de medidas efectivas que movilicen la salida de vivienda vacía al mercado de alquiler.
Los morados recuerdan que en octubre firmaron un acuerdo con el PSOE en el que ambos se explicitaba que los grupos coproponentes en la norma son el ministerio de Transportes y la vicepresidencia de Derechos Sociales y que comprometían a “llevar la ley al Consejo de Ministros en un plazo de tres meses y presentarla en el Congreso de los Diputados en un máximo de cuatro meses”.
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