Podemos gana otro pulso al PSOE y blinda más a los «okupas»

El Congreso rubricó ayer el último triunfo de las tesis intervencionistas de Podemos en lo que al mercado de vivienda se refiere en el seno del Gobierno de coalición con el PSOE. La Cámara Baja convalidó el Real Decreto-ley 1/2021, de 19 de enero, de protección de los consumidores y usuarios, en el que se incluye la protección a los okupas vulnerables aunque cometan delito. El texto salió adelante con 188 votos a favor, 154 en contra y 8 abstenciones. No obstante, el Congreso también aprobó que se tramite como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia, con lo que algunos de sus artículos podrían variar.

La polémica modificación del decreto de diciembre que limita los desahucios durante el estado de alarma fue introducida por la puerta de atrás tras las presiones de Podemos. Contempla que el desalojo se paralice cuando se trate de personas que hayan ocupado viviendas sin que haya habido violencia ni intimidación ni lleven a cabo acciones ilícitas en el inmueble, que su condición vulnerable esté acreditada (por ejemplo, que tengan dependientes o menores de edad a su cargo, que sean dependientes o sean víctimas de violencia de género), y que no sea una vivienda habitual ni segunda residencia, ni se trate de un inmueble cedido a otra persona.

Recurso en el Constitucional

Aunque desde el Ministerio de Transportes han insistido en que se trata de casos «muy tasados» y que no dan cobertura a la ocupación, PP, Vox y Ciudadanos, así como el sector inmobiliario, tienen una opinión muy diferente. PP y Vox, por de pronto, anunciaron ayer que interpondrán sendos recursos de inconstitucionalidad contra el decreto porque, según entienden, avala la ocupación ilegal. Desde el PP, su portavoz, Cuca Gamarra, aseguró que se trata de «una norma que no recoge ninguna medida concreta» para proteger al consumidor vulnerable y tampoco aporta «ninguna efectividad real» en su conjunto. Desde Vox, su diputada Cristina Alicia Esteban Calonje también anunció la interposición de otro recurso de inconstitucionalidad frente al real decreto en base a que «el derecho a la propiedad privada es fundamental en democracia». Por su parte, Edmundo Bal, de Ciudadanos, calificó también como «disparate» y «tropelía» el decreto por querer «justificar» un supuesto de ocupación e ir en contra del artículo 245 del Código Penal de delitos sobre el patrimonio. UPN fue más gráfico y aseguró que es «poner alfombra roja a los okupas».

En el sector inmobiliario también contemplan con preocupación lo que consideran «un paso más hacia la protección de la ocupación ilegal que genera graves problemas sociales y económicos», como aseguraron cuando se aprobó el decreto tanto la Asociación de Promotores y Constructores de España (APCE) como la Asociación de Propietarios de Vivienda en Alquiler (Asval). «Medidas como ésta generan un efecto llamada de graves consecuencias y aumentan la inseguridad jurídica que está provocando el intervencionismo regulatorio en materia de alquiler, y que afecta al patrimonio inmobiliario de los españoles», sostienen.

Desde los partidos que integran la coalición de Gobierno la percepción de lo aprobado es muy diferente. El ministro de Consumo, Alberto Garzón, que preparó el decreto donde se introdujo de tapadillo la norma, ignoró directamente el debate sobre los okupas. Fue la diputada socialista Marisol Sánchez quien contestó a las críticas y acusó a PP, Vox y Ciudadanos de «meter miedo». «No es cierto que se esté protegiendo a delincuentes» ni atacando «el derecho a la propiedad privada», enfatizó Sánchez, sino que se especifica que se da un plazo de tres meses para que los servicios sociales busquen una solución habitacional, añadió.