La principal medida que ha planteado el Gobierno para la reforma de las pensiones no solo no tendrá un impacto significativo en el equilibrio del sistema sino que incluso podría suponer un incremento del gasto. La aproximación de la edad real de jubilación, situada en los 64,6 años, a la edad legal, fijada en 66 años para 2021 y que alcanzará los 67 años en 2027, pasa por endurecer las condiciones de prejubilación, una opción que supone el 40% de las altas de jubilación, e incentivar la demorada. Así lo ha reiterado el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, en lo que sería una reversión de una parte de la reforma de 2011.

En concreto, la última reforma, en vigor desde 2013, tenía entre sus objetivos la prolongación de la vida activa, para lo que se aprobó un incremento paulatino de la edad legal de jubilación (de 65 a los 67 años) y una modificación del período de cotización necesario para acceder al 100% de la base reguladora (desde 35 hasta 37 años). Pero además, la reforma introdujo una nueva modalidad de jubilación anticipada, que permitía, por propia voluntad, el acceso a la jubilación antes de la edad legal, con el requisito de acreditar como máximo una edad inferior en dos años a la edad ordinaria, y un período de cotización mínimo de 35 años.

Desde la entrada en vigor de la reforma, la edad efectiva de jubilación ha mostrado una tendencia creciente que ya se dejaba notar desde al menos 2006. Así, si se toma el periodo 2006-2020 en su conjunto, el peso de las jubilaciones a los 65 años o más, que suponen hoy el 60,3%, es muy similar al del promedio desde 2006 (59,5%). En consecuencia, las jubilaciones que se producen a una edad inferior a la ordinaria aún representan un porcentaje elevado del total de las altas de jubilación, casi un 40% a día de hoy.

Los cambios más notables afectan a las prejubilaciones. Las altas por debajo de los 62 años descienden, mientras que las jubilaciones entre 63 y 64 años han aumentado. Esto supone un impulso al alza en la edad media de las jubilaciones anticipadas, pero no tanto en la edad real, situada en 64,6 años.

El escaso avance se debe a varios factores. En primer lugar, la reforma contemplaba la exención para muchos trabajadores, cuyas jubilaciones siguen amparadas por la normativa previa. En segundo lugar, el incremento de la edad de jubilación afecta a aquellos trabajadores que acceden a la pensión con carreras de cotización por debajo de un umbral determinado. De hecho, hasta 2027 será posible acceder a una pensión ordinaria a los 65 años si se acreditan al menos 38 años y seis meses de cotización.

Respecto a las prejubilaciones, siguen teniendo un impacto notable desde la crisis de 2008, que generó un fuerte repunte de las no voluntarias hasta representar un 18,3% del total de las nuevas jubilaciones en 2015. La recuperación económica permitió disminuir su peso, de modo que en 2018 el 13,9% del total de las altas fueron jubilaciones anticipadas no voluntarias. Las jubilaciones anticipadas por la libre voluntad del trabajador representaron un 7% del total de las altas en 2013, año de su introducción. Desde entonces, su peso ha venido creciendo hasta suponer un 14,2% del total de las altas. Las jubilaciones parciales y flexibles también están al alza, suponiendo un 11,1% de las nuevas altas. Por último, las jubilaciones demoradas están ancladas en un 5% de las nuevas jubilaciones.

Sin embargo, los trabajadores que acceden a jubilaciones anticipadas, parciales o flexibles acreditan períodos de cotización más altos que la media: en torno a 39 años las altas anticipadas no voluntarias, por encima de 40 años las jubilaciones parciales –que, además, compaginan el cobro de una prestación con la permanencia en el mercado laboral– y 42 años las jubilaciones anticipadas que se producen por la libre voluntad del trabajador. En contraposición, las jubilaciones ordinarias tienen un período de cotización medio de 34,1 años. Por tanto, la base reguladora promedio de las jubilaciones anticipadas, tanto voluntarias con no voluntarias, es mucho mayor que las de las jubilaciones ordinarias, como reconoce el Banco de España. La conjunción de todos estos factores hace que la pensión media inicial más alta se dé en las jubilaciones parciales (1.635 euros), seguida de las anticipadas voluntarias y de las anticipadas no voluntarias (1.597 y 1.369 euros). Las jubilaciones demoradas y las ordinarias recibirían una prestación inicial menor (1.236 y 1.194 euros).

Por tanto, penalizar las prejubilaciones, que tienen carreras de cotización más largas, e incentivar la jubilación demorada, supone un ahorro en los primeros años, pero un desembolso mayor en las siguientes décadas. Así lo recogen los cálculos elaborados por el grupo de investigación en pensiones de las universidades de Valencia y Extremadura. Si se retrasara un año la jubilación a todos los que tienen previsto hacerlo hoy (no solo los prejubilados) se produciría un ahorro en ese primer año de unos 4.000 millones de euros, teniendo en cuenta la pensión que no van a cobrar ese año y su mayor cotización. Pero luego, las pensiones serían mayores que si se hubiera jubilado el año anterior. Ese ahorro iría disminuyendo hasta que a partir de 2035-2040 ya supondría un mayor gasto y en 2050 implicaría un gasto de un 0,32% del PIB de ese año, sobre todo por el retraso de las jubilaciones anticipadas.