UGT se aleja de Podemos y pide subir la pensión máxima

Los sindicatos comienzan a desmarcarse de algunas propuestas de Unidas Podemos con escaso recorrido. Es el caso del destope de las cotizaciones. La formación morada quiere que los sueldos altos contribuyan aún más a la Seguridad Social sin recibir nada a cambio. Actualmente la base máxima se sitúa en los 4.070,10 euros mensuales, por lo que destopar las cotizaciones en su límite más alto afectaría a aquellos salarios que superan los 49.000 euros anuales. Podemos estima que este «impuestazo», ajeno a los pilares que rigen el sistema, supondría unos ingresos del 0,6% del PIB, unos 7.600 millones de euros.

El destope de la base máxima está contemplado por el Gobierno entre las nueve medidas de reforma de las pensiones remitidas a Bruselas. En este caso, el ministro de Inclusión Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, se ha ceñido a las recomendaciones del Pacto de Toledo y contempla que la base máxima, por la que cotizan alrededor del 14% de los afiliados y que está congelada, se adapte gradualmente. Este incremento de la base máxima deberá ser, en cualquier caso, «concurrente con una modificación de la pensión máxima para no afectar a la naturaleza contributiva del sistema», reconoce Escrivá en la ficha enviada a Bruselas.

Los sindicatos también consideran que destopar las cotizaciones sin subir la pensión máxima rompe el principio de proporcionalidad contributiva por el que la cuantía de las prestaciones debe guardar relación con las cantidades aportadas y el periodo cotizado. Así, para el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, subir las bases máximas hasta 70.000 euros «debe tener alguna repercusión en la pensión máxima». De lo contrario, «comenzaremos a tener fórmulas creativas para irse al sistema privado», advirtió ayer.

Endurecer la jubilación anticipada, línea roja

Álvarez sostuvo en una entrevista con Efe que no dará su apoyo “a una fórmula que no sea la derogación del IRP”, el índice de revalorización de las pensiones aprobado por el PP en 2013 y que de facto implicaba una subida del 0,25 %. Tampoco contempla “que se endurezca el acceso a la jubilación anticipada a aquellos que están en desempleo. En ningún caso. Ésta es una línea roja”, ha advertido el líder de UGT.

Respecto a la intención de Escrivá, de acabar con la jubilación forzosa en los convenios colectivos, Álvarez ha explicado que esta posibilidad forma parte de un acuerdo de patronal y sindicatos y que “no ve razones para cambiarlo”.

En el último Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC), firmado en 2018, los agentes sociales pactaron establecer la jubilación forzosa en los convenios colectivos una vez se cumpla la edad legal, siempre que el trabajador tenga acceso a su pensión completa.

“Que el ministro diga qué repercusión económica tiene sobre la Seguridad Social cambiar esto. Las personas que se acogen a esta formula son pocas y cercanas a la dirección de las empresas”, ha dejado claro Álvarez. A su juicio, no es una buena idea “impedir que haya una renovación de las plantillas cuando el personal se puede jubilar, porque todas las medidas que tomen por ahí están impidiendo la entrada de jóvenes al mercado laboral”.

A juicio del líder de UGT, el Gobierno debería abordar, en una primera fase, la vuelta a la reforma de 2011, restaurando la cláusula de revalorización automática y derogando el factor de sostenibilidad.