El Consejo de Estado concluye que no hay suficientes controles sobre el uso de los fondos de la UE

El Consejo de Estado ha hecho público hoy su informe sobre los fondos europeos y sus conclusiones dejan en una situación cuanto menos incómoda al Gobierno. El organismo, cuyo análisis no es vinculante, está preocupado porque entiende que no existen los suficientes mecanismos de control sobre el modo en que el Ejecutivo va a gestionar las ayudas europeas.

En su informe, en el que considera que los casi 150.000 millones de euros que España podría recibir entre ayudas directas y créditos blandos de Bruselas son “una oportunidad histórica para España”, el Consejo de Estado advierte de que, para que sean un éxito, “es esencial no solo poner el acento en medidas de flexibilización, sino también en el mantenimiento de un riguroso control en cuanto a la asignación de los fondos y su vinculación a los fines para los que sean concedidos”. En este sentido, a la regulación proyectada el organismo formula “observaciones de distinta naturaleza y entidad, que con frecuencia tienen como denominador común la preocupación del Consejo de Estado ante la eliminación o modulación de mecanismos de control en materias tan sensibles como la contratación administrativa, los convenios administrativos o las subvenciones”.

Entre estas observaciones, “deben resaltarse aquellas que se han calificado de esenciales, por considerarlas especialmente relevantes en aras a lograr un elevado nivel de seguridad jurídica y económica de las medidas que puedan adoptarse para la gestión de los fondos europeos, las relativas a la necesidad de recabar todos los informes preceptivos que se determinen legalmente, incluido el dictamen del Consejo de Estado, antes de resolver los correspondientes procedimientos y de someter a fiscalización previa los expedientes financiados con cargo a los citados fondos”, añade.

Extremar los controles

La Unión Europea, recuerda el Consejo, está llamada a ejercer un papel fundamental en la vigilancia de la correcta gestión y ejecución de los fondos incluidos en el Instrumento Europeo de Recuperación, “lo que exige extremar las medidas destinadas a garantizar la correcta aplicación de tales recursos”.

El Consejo de Estado destaca también la “necesidad” de llevar a cabo una correcta tramitación de los proyectos normativos, incluidos los proyectos de decretos-leyes, a fin de que las medidas que en ellos se adoptan estén debidamente justificadas y ponderadas. Destaca, en este sentido, “la ausencia en el expediente consultado de toda exposición motivada y suficiente de las razones que en cada caso justifican la atenuación, o incluso la supresión, de los mecanismos de control, lo que ha llevado a formular una observación esencial en este dictamen”, destaca. Es esencial, añade, que la memoria del análisis de impacto normativo recoja, para cada una de las previsiones que suponen una flexibilización de los mecanismos de control, “una explicación detallada de las razones que la justifican y de los beneficios que a ella se anudan”. A ello hay que añadir “la pertinencia de que la memoria realice también un estudio, aunque sea aproximativo, del impacto presupuestario de las medidas previstas, según el Consejo.

Junto a estas observaciones calificadas como esenciales, el Consejo de Estado también considera oportuno resaltar, dada su importancia, otras observaciones relacionadas con la calificación como modificaciones contractuales de las nuevas unidades de obra que se incorporen a los contratos de obras, así como con la necesidad de reforzar los mecanismos de supervisión de los proyectos de obras y de responsabilidad de proyectistas y supervisores.

La plena efectividad del Real Decreto-ley de ayudas, concluye el informe, dependerá en gran parte “de la adopción de las medidas precisas para su correcto desarrollo tanto desde el punto de vista normativo (aprobación de los desarrollos reglamentarios precisos) como desde el punto de vista de su ejecución (dotación de recursos materiales y humanos)”.