España

El Gobierno socialista de Baleares expropia 56 viviendas para alquiler social

Durante siete años, los inmuebles serán gestionados por el Gobierno balear, que abonará a los dueños una compensación en un único pago por adelantado, inferior a los precios de referencia

Compensará a sus propietarios con una cantidad que es un 40% inferior al precio de mercado de los inmuebles
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Compensará a sus propietarios con una cantidad que es un 40% inferior al precio de mercado de los inmuebles .albertoroldan.com

Intervenir el mercado de la vivienda es una de las metas del Gobierno, y muy especialmente del sector de Podemos en el Ejecutivo de Pedro Sánchez. El partido de Pablo Iglesias apuesta por incluir medidas más intervencionistas en la nueva Ley de Vivienda. La intervención directa es precisamente la vía que ha adoptado el Govern de Baleares en manos de la socialista Francina Armengol, que ayer firmó la resolución para expropiar 56 viviendas a grandes propietarios para destinarlas a alquileres sociales.

Durante siete años, los inmuebles serán gestionados por el Gobierno balear, que abonará a los dueños una compensación en un único pago por adelantado, inferior a los precios de referencia.

Armengol se vale de los argumentos planteados en la Ley de Vivienda 5/2018 de 19 junio, aprobada en el Parlament con el apoyo del PSOE balear y sus socios de gobierno, Podemos y los nacionalistas de Més.

De acuerdo a esta norma, el conseller de Movilidad y Vivienda, Josep Marí, firmó ayer la primera resolución por la que se inicia la expropiación, con un coste total de 1,8 millones de euros, por un plazo de siete años. El precio supone una rebaja del 40 por ciento respecto a los precios de mercado en Baleares, con una media a pagar de 391 euros mensuales por vivienda, cuando el índice de referencia llega a 624 euros de media.

Se trata de 27 viviendas en Mallorca, 23 en Menorca y seis en Ibiza, todas ellas en manos de bancos y sociedades inmobiliarias. Una vez se finalicen los trámites, se ofrecerán como alquiler social a través del Instituto Balear de la Vivienda (Ibavi), con rentas que no superen el 30 por ciento de los ingresos de las familias.

Sin embargo, todavía queda recorrido para que esas viviendas se utilicen por parte de los beneficiarios del Ibavi. En los próximos días se publicará la resolución en el Boletín Oficial (BOIB), se notificará a los afectados y después se abrirá un plazo de presentación de alegaciones.

Recurso ante los tribunales

Además, también cabe la posibilidad de que los propietarios recurran ante los tribunales. El director general de Vivienda, Eduardo Robsy, aclaró que la tramitación de un recurso por la vía judicial no paraliza «per se» la expropiación, a menos que un Juzgado dicte medidas cautelares.

Por municipios, las 27 viviendas de Mallorca están situadas en Palma (11), Inca (11), Llucmajor (2), Manacor (2) y Calvià (1); las 23 de Menorca se encuentran en Ciutadella (17) y Mahón (6); y las seis de Ibiza están en Ibiza (1), Santa Eulària des Riu (2) y Sant Antoni (3). En Formentera no se expropian viviendas porque no consta ninguna en el censo de grandes propietarios, informa Ep.

Para los pisos de Mallorca la media del precio que el Govern pagará es de 408 euros al mes (926.000 euros en compensación por el traspaso); en Menorca, el precio medio por estos siete años será de 336 euros mensuales (un total de 649.000 euros); y en Ibiza es donde se pagará el precio más alto, 530 euros mensuales (266.00 euros).

Disponer por “necesidad real”

La Ley de Vivienda autonómica define como gran tenedor a aquella persona física o jurídica que dispone de diez o más viviendas y establece que los inmuebles se consideran desocupados cuando llevan dos años o más sin ser habitados sin una causa que lo justifique. La norma obliga a los propietarios a inscribir en un registro los inmuebles que llevan más de dos años desocupados y permite a la Administración disponer de ellos justificando una “necesidad real” de vivienda que no se ha podido satisfacer con otras medidas.

Desde la Conselleria han explicado que llevan meses estudiando las viviendas inscritas en el registro, pero que la pandemia ha ralentizado estas tareas.

Marí destacó el carácter «pionero» de la Ley de Vivienda que habilita esta posibilidad y resaltó que les permite «sacar pisos del mercado libre especulativo para ponerlas en manos de quien más lo necesita», devolviendo a estas viviendas «una función social que se incumple cuando están cerradas». Al mismo tiempo, espera que tenga un efecto disuasorio que estimule a los propietarios a no mantener los pisos cerrados y sacarlos al mercado ordinario.