Las coacciones de los piquetes para iniciar o continuar una huelga dejarán de estar sometidas a penas de prisión. El Congreso de los Diputados tiene previsto aprobar la próxima semana la proposición de ley para derogar el artículo 315.3 del Código Penal que castigaba estos comportamientos con cárcel.

Tras superar el pasado martes el debate de enmiendas en la Comisión de Justicia, la iniciativa llegará el día 11 al Pleno en su última votación antes de su remisión al Senado, donde deberá completar su tramitación para su aprobación definitiva.

La iniciativa, impulsada por el PSOE, plantea derogar el artículo 315.3 del Código Penal que contempla penas de prisión para estos piquetes y posibilitar la revisión de las sentencias firmes dictadas de conformidad con la legislación que se deroga.

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Al tratarse de una proposición de ley que busca modificar una Ley Orgánica -el propio Código Penal-, la Cámara debe aprobarla con mayoría absoluta, por lo que los grupos que sustentan al Gobierno -PSOE y Unidas Podemos, que suman 155 diputados- deben incorporar al menos 21 votos más. Para sacarla adelante, previsiblemente contarán con el apoyo de, al menos, Esquerra Republicana (13 votos), EH-Bildu (5 votos), Más País-Equo (2 votos), la CUP (2 votos), Compromís (1 voto), BNG (1 voto) y Nueva Canarias (1 voto).

PP y Vox se han posicionado abiertamente en contra de la iniciativa de los socialistas, mientras que el PNV ha adoptado una posición intermedia en la que, sin pedir la derogación de las penas de prisión, sí que aboga por una rebaja de las mismas. La formación de Pablo Casado ha presentado una enmienda parcial que será discutida la próxima semana para conservar la redacción vigente de la ley, mientras que el partido de Santiago Abascal ha hecho lo propio con otra iniciativa que intenta ampliar las penas de prisión para los integrantes de los piquetes.

Marcando distancias con el Gobierno de coalición, del que es socio prioritario, el PNV propone en su enmienda mantener en el Código Penal las penas de cárcel para los abusos que puedan cometer los integrantes de los piquetes en una huelga, aunque rebaja los años de prisión previstos ahora a solo uno, o dos en caso de que se lleven a cabo con coacciones. Aunque mantienen las penas de prisión, el PNV equipara los abusos de los piquetes con los que pueda cometer una persona que impida o limite la libertad sindical o el derecho de huelga de los trabajadores, por lo que en la práctica rebaja el castigo a esta vulneración. La propuesta del PNV limita a un año la pena máxima de prisión prevista en este artículo -actualmente se fija en dos años de cárcel- y en caso de existir coacciones se rebaja de los tres años de prisión vigentes a dos años. El artículo vigente para las coacciones en el ámbito de una huelga contempla penas de cárcel de hasta tres años.

El PDeCAT también ha presentado su propia iniciativa, aunque, en este caso, para ampliar la de los socialistas, comprometiendo por ley al Gobierno a presentar un proyecto de Ley de Huelga, previo acuerdo con los agentes sociales, para sustituir la regulación actual, «de base preconstitucional». En su enmienda, el PDeCAT cree que es necesario regular este derecho «de manera integral». «Tras más de 40 años de democracia sorprende que todavía no lo haya abordado ningún Gobierno», manifiesta en la justificación de su enmienda, según informa Ep.

La reforma del artículo 315 fue aprobada por el Gobierno de Mariano Rajoy y entró en vigor en julio de 2015.