Carreteras

El Estado incautará 120 millones en garantías de autopistas en quiebra

El Tribunal Supremo ha avalado estos acuerdos en los distintos procedimientos judiciales que iniciaron avalistas o sociedades concesionarias

GRAFCVA940. SAGUNTO (VALENCIA), 31/12/2019.- Varios vehículos cruzan, este martes 31 de diciembre, el área de peaje de la autopìsta AP-7 en Sagunto (Valencia). Las barreras se levantarán a medianoche de este último día de 2019 y la AP-7 entre Tarragona y Alicante pasará a ser gratuita después de 48 años de pago de peajes, una liberalización que supondrá un ahorro para particulares y transportistas pero también obligará a analizar la evolución futura de la demanda y planificar la movilidad. EFE/Manuel Bruque
GRAFCVA940. SAGUNTO (VALENCIA), 31/12/2019.- Varios vehículos cruzan, este martes 31 de diciembre, el área de peaje de la autopìsta AP-7 en Sagunto (Valencia). Las barreras se levantarán a medianoche de este último día de 2019 y la AP-7 entre Tarragona y Alicante pasará a ser gratuita después de 48 años de pago de peajes, una liberalización que supondrá un ahorro para particulares y transportistas pero también obligará a analizar la evolución futura de la demanda y planificar la movilidad. EFE/Manuel BruqueManuel BruqueAgencia EFE

Hoy se ha sabido que el Ministerio de Transportes ha empezado a tramitar las solicitudes de incautación de las fianzas de explotación de las concesionarias de las autopistas de peaje. Estas, que se vieron abocadas a la quiebra, alcanzarían un importe de 120 millones de euros.

La primera garantía cuya incautación se ha requerido ha sido la AP-41, la Autopista Madrid-Toledo. Fue la primera en declararse en concurso de acreedores por un importe total de 10,12 millones de euros, tal y como ha declarado el Ministerio de Transportes.

En esta misma línea, 29,6 millones se incautarán a la sociedad Acceso de Madrid (carreteras R3 y R5); 18 millones en Aucosta (carretera AP-7 Cartagena-Vera); 18,3 millones en Madrid Sur (R4); 15,5 millones en Henarsa (R2); 12,8 millones en Madrid-Levante (AP-36); 8 millones en Ciralsa Circunvalación de Alicante y 7 millones en el Eje Aeropuerto (M12).

Por ello se están tramitando los expedientes con el objetivo de que la Caja General de Depósitos proceda a incautar las garantías de explotación depositadas por las sociedades concesionarias de estas carreteras.

Este procedimiento ya se recogía en los acuerdos del Consejo de Ministros que resolvían los contratos de concesión para la construcción, conservación y explotación de dichas autopistas de peaje. Ahora están siendo gestionadas por el Estado.

El Supremo se ha pronunciado a favor del Ministerio y de estos acuerdos en los distintos procedimientos judiciales que iniciaron avalistas, sociedades concesionarias en liquidación y fondos acreedores. En las resoluciones judiciales adoptadas, se considera procedente la incautación de las fianzas de explotación y conforme a Derecho los acuerdos de Consejo de Ministros recurridos.

Este trámite se realiza sobre la base de las competencias y funciones atribuidas a la Delegación del Gobierno de las Sociedades Concesionarias de Autopistas Nacionales de Peaje.