Escrivá aprobará la penalización a las prejubilaciones en septiembre

El Senado ha pedido hoy explicaciones al ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, para que clarifique cuáles son las verdaderas medidas que está negociando con Bruselas sobre la reforma las pensiones. El malestar mostrado en público y en privado por los distintos partidos se hizo patente durante toda la la comparecencia en el Senado, en la que el ministro volvió a mostrar la incomodidad con la que afronta estas intervenciones, que se fue agriando con los comentarios y recriminaciones a su gestión por parte de los senadores. Prácticamente todos, salvo la portavoz socialista, criticaron abiertamente que no aportara información nueva, nada que no hubiera dicho ya hace nueve meses y le afearon la opacidad con la que actúa.

El recado de Escrivá a continuación fue contundente y volvió a cargar contra el ruido que hay alrededor de las pensiones: “En la negociación de la reforma de las pensiones hay que ser discreto y dejar trabajar, huir de los rumores. Las bases sobre las que trabajamos son firmes y todo lo que hagamos estará basado siempre en las recomendaciones del Pacto de Toledo”, reiteró.

Según el calendario que se ha marcado el propio ministro y que ha trasladado a los senadores, la reforma se pondrá en marcha en dos plazos, el primero de los cuales no sería aprobado hasta la segunda mitad de este año, después del verano.El segundo se demorará al menos un año, hasta el segundo semestre de 2022, aunque fuentes de la negociación hablan de que podría no estar listo hasta 2023.

En el primer bloque se incluiría el nuevo mecanismo de revalorización de las pensiones, que se ligará al IPC, las penalizaciones a las prejubilaciones y que la edad efectiva de jubilación se equipare con la real. En el aire queda todavía el plazo para la creación del fondo de pensiones colectivo de promoción pública que pretende promocionar el Ministerio, ya que su complejidad de ejecución puede retrasar su presentación hasta 2022. Por contra, el recorte a las prejubilaciones y la nueva fórmula para actualizar las pensiones llegará al Parlamento “de forma inminente”, para sustituir la ley que rige desde 2013, que según dijo Escrivá, “supone una pérdida de poder adquisitivo de hasta el 30%” en el medio plazo. Por ello quiere derogar el vigente índice de revalorización, que sólo garantizaba una subida del 0,25%, para que las pensiones se actualicen conforme al IPC real. “Queremos asegurar el poder adquisitivo de las pensiones”. También pretende acercar la edad media a la que se accede a la jubilación (64,5 años) a la legal (65,8 años), para lo que contempla elevar los desincentivos en el acceso al retiro anticipado voluntario y crear un nuevo modelo que premie la demora en el retiro.

En cuanto a las prejubilaciones, Escrivá pretende que se cumpla en el 99% de las prejubilaciones un coeficiente de reducción de la pensión del 8% por cada año de menos trabajado, que ya está establecido así en la actual legislación, pero únicamente se aplica en el caso de los trabajadores con una base reguladora media –hasta 19.500 euros– y solo 36 años de cotización. Para los cotizantes de base media pero con más de 44 años de cotización, la penalización se reduce al 6,5%, mientras que los que cotizan sobre una base reguladora máxima –de más de 48.841 euros–, la reducción anual se queda en el 2%. El ministro quiere acabar con este sistema, que entiende es «muy injusto», pero en vez de igualar las reducciones por abajo –al 2%– lo hará por arriba –al 8%– y de forma generalizada, es decir, que a todos se les penalice al máximo, precisamente para lograr su objetivo: acabar con las jubilaciones anticipadas, que en la actualidad se encuentran en el 16% del total.

Para el segundo tramo, en el que quedarían los aspectos más complejos de la reforma, no se tiene pensado presentar propuestas hasta la segunda mitad de 2022. Para ese momento se plantearían asuntos más peliagudos, como la revisión de las carreras de cotización y el periodo de cómputo para el cálculo de la pensión, la introducción de un mecanismo de equidad intergeneracional que sustituya al factor de sostenibilidad o la adecuación de la base máxima de cotización, que se pretende ajustar con la pensión máxima.