20 años para bajar la deuda pública a nivel precovid y con recortes

El Banco de España no oculta su preocupación por una deuda pública desbocada y sin control, que amenaza con romper la barrera del 120% del PIB y que compromete, sin remedio, el futuro de, al menos, cuatro generaciones de españoles. Por eso el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, no desaprovechó ayer su intervención en un desayuno informativo, organizado por Europa Press, para volver a la carga y reiterar de nuevo su demanda al Ejecutivo para que diseñe a medio plazo una estrategia de «corrección del déficit» estructural en una cuantía de 0,5 puntos porcentuales de PIB anuales, en sintonía con el requerimiento del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. De esta paulatina reducción dependerá, a su juicio, que la deuda pública regrese a una senda descendente y hacia 2040 se sitúe en niveles inferiores a los previos a la crisis económica. Un año antes de la pandemia del coronavirus, la deuda pública española superaba ya el 95% del PIB (1,18 billones de euros).

Pese al elevadísimo endeudamiento sin precedentes, De Cos tranquilizó a los asistentes al desayuno al descartar que pueda producirse una crisis de deuda soberana, crisis que, sin embargo, algunas organizaciones, como Funcas, no descartan. Eso sí, advirtió de que estas cifras muy elevadas aportan una vulnerabilidad mayor a la economía española. Por ello, a su juicio, es muy importante que una vez aplicado el actual «activismo fiscal» para paliar el impacto de la crisis, se diseñe ya un programa de consolidación fiscal a adoptar en el medio plazo.

Acto seguido, reclamó una ejecución «rápida y homogénea» de las ayudas aprobadas por el Gobierno por importe de 11.000 millones de euros para reforzar la solvencia del sector empresarial y de los autónomos. Durante su alocución, el gobernador consideró que este paquete de ayudas puede ser una herramienta útil para reducir el riesgo que supone un aumento de las insolvencias empresariales. «Para ello, es particularmente relevante su ejecución rápida y homogénea, y que los mecanismos de reparto permitan focalizar selectivamente las ayudas, precisamente, en las empresas viables, pero con problemas de solvencia».

Una vez más, reiteró la necesidad de identificar las empresas que hayan dejado de ser viables y agilizar en estos casos los procesos de liquidación, ya que «sería contraproducente» que fueran sostenidas de manera indefinida con recursos públicos. Los problemas de solvencia no solo provocarían una destrucción de tejido productivo y de empleo en empresas que podrían ser viables en el escenario post-pandemia, sino que también «acabarían afectando a la posición patrimonial del sector bancario, que podría responder con una restricción crediticia que realimentara los efectos negativos sobre la capacidad de recuperación y el crecimiento económico a medio plazo».

El máximo responsable de la autoridad monetaria española pasó de puntillas sobre la cuestión de si los 11.000 millones de euros de ayudas serán o no suficientes, algo difícil de predecir por la «enorme incertidumbre» actual. No obstante, consideró que el Gobierno debe estar dispuesto a ampliarlos en el caso de que sea necesario. Además, la gestión de los fondos europeos, a su juicio, es un proceso muy complejo y novedoso, aunque los pasos que está dando España «no son muy distintos» a los de otros países europeos. En ese sentido, volvió a apelar a la necesidad de adoptar las reformas estructurales necesarias para superar la crisis económica actual.

Alerta a la fragmentación política

En este escenario, demandó consenso político para que las medidas que se tomen para abordar la crisis «tengan continuidad en el tiempo», porque de otra forma sería «muy negativo» para la economía española. Llegado a este punto dijo sentirse preocupado por esta situación de «fragmentación política». «Si no se realizan con consenso, la posibilidad de que la durabilidad de esas reformas sea muy reducida es evidente y sería muy negativo para la economía española que eso sucediera», reiteró. De Cos insistió en su aviso a navegantes y puntualizó que «en el caso de España estamos viendo un fenómeno de fragmentación política al que no estamos acostumbrados y es muy importante que podamos convivir con el mismo y que no impida llegar a acuerdos sobre los pilares básicos». A su juicio, se trata de una demanda social que la clase política debería responder positivamente.

Beneficio de la institución

Por otro lado, el Banco de España obtuvo un beneficio neto de 2.134,58 millones en 2020, un 5,23% menos que un año antes, después de que los ingresos netos por comisiones se redujeran en el año un 24%, hasta 4.637,51 millones. Las dotaciones y el exceso de provisiones para la cobertura de riesgos financieros se elevaron a 3.106,83 millones en 2020, frente a los 4.182,05 millones de 2019. Eso permitió que el resultado neto por operaciones financieras, saneamientos y dotaciones para riesgos arrojara unas pérdidas de 3.091,81 millones, inferiores a los 4.002,83 millones de 2019.