Cómo legalizar un millón de empleos de la economía sumergida: con un sistema de cotización a tiempo parcial para autónomos

La Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA) ha presentado al Gobierno una propuesta para que valore la aprobación de un sistema de cotización a tiempo parcial para autónomos podría legalizar más de un millón de actividades económicas que actualmente se sitúan en la economía sumergida. La organización estima que actualmente son más de dos millones de actividades económicas las que se desarrollan en la economía sumergida, citando datos de informes de las de entidades de crédito, por lo que considera que “no parece incoherente poner en marcha un sistema adicional de cotización al RETA que se base en dar seguridad jurídica a los diferentes colectivos profesionales, que, cumpliendo las especificaciones de la norma, puedan ejercer de forma regulada una actividad económica por cuenta propia”.

En concreto, UPTA señaló que profesionales como artistas, docentes o músicos, entre otros, “desarrollan trabajos muy esporádicos y que en la mayoría de las ocasiones se llevan a cabo en la economía sumergida”, por lo general con menos de 16 horas de trabajo efectivo y resultados económicos inferiores a los 250 euros en total. En estos casos, la organización piensa que el modelo de cotización por ingresos reales no respondería a sus necesidades, por lo que plantea un sistema de cotización, plenamente telemático, que se realizaría a través de la compra por parte del profesional de un cheque de cotización, similar al que funciona en Francia con determinados sectores económicos.

Este procedimiento se debería formalizar al menos un día antes de la realización efectiva del trabajo y la empresa emisora de este cheque de cotización liquidaría directamente a la Seguridad Social la parte correspondiente a la cotización de forma directa. UPTA sostiene que estos cheques de cotización podrían ser adquiridos de forma nominal por la persona que desarrolle la actividad económica. La emisión de éstos estaría sujeta al pago anticipado por parte del beneficiario, con las limitaciones temporales y dinerarias establecidas.

La organización plantea que esta cotización tenga un coste por hora aproximada de 6 euros, resultado de aplicar el salario mínimo interprofesional (SMI) dividiéndolo por 160 horas mensuales. En todo caso, este cálculo sería prácticamente el mismo al que se propone en el nuevo sistema de cotización al RETA, pero sin la necesidad de realizar un alta en Seguridad Social de forma continuada. “En ningún caso el cheque cotización sería válido cuando se desarrollasen trabajos con trazas de ajenidad, mecanismos de producción facilitados por el contratante o cualquier otro supuesto relacionado con la falsedad contractual. Las remuneraciones económicas que percibiría el trabajador por cuenta propia siempre estarían sujetas a la realización de una transferencia bancaria o por mecanismos análogos”, plantea UPTA.

Asimismo, cree que “en estos casos el sistema de cotización por ingresos reales no responde a las necesidades de este amplio colectivo, puesto que se trata de actividades económicas esporádicas y de baja remuneración”. Así, propone que “para estas situaciones sería necesario desarrollar un sistema especial de cotización a través del pago directo por parte del profesional a la Seguridad Social, en tramos horarios que no superen un máximo de las 16 horas mensuales”.

“Este sistema, que sería plenamente telemático, se realizaría a través de la compra por parte del profesional de un cheque cotización, similar al que funciona en Francia con determinados sectores económicos”, explicó UPTA, que añadió que este procedimiento se debería formalizar al menos un día antes de la realización efectiva del trabajo y que la empresa emisora del cheque de cotización liquidaría directamente a la Tesorería General de la Seguridad Social la parte correspondiente a la cotización de forma directa.

Para el presidente de UPTA, Eduardo Abad, “es necesario que se regulen el mayor número de actividades económicas que actualmente están en la economía sumergida; debe ser una prioridad para la Administración dar seguridad jurídica a quienes las desarrollan y resulta vital para el saneamiento de la deteriorada situación económica de nuestro sistema de cotización, el RETA”. Abad cree que “ningún trabajador por cuenta propia debe quedar al margen del marco protector del sistema público de la Seguridad Social; por eso, esta propuesta es un llamamiento a la economía reglada y a la protección de quienes la desarrollan”.