Escrivá mantiene el castigo a las jubilaciones anticipadas y no revisará aún el reajuste de las penalizaciones

Las prejubilaciones forzosas por la crisis y las de los trabajadores que cotizaron más de 40 años pero sufrieron penalizaciones en sus pensiones se están convirtiendo en un quebradero de cabeza para el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá. Estos colectivos –principalmente la mayoritaria Asjubi40– están consiguiendo un gran apoyo popular e institucional para que se dé marcha atrás a lo que ellos entienden como una injusticia social y económica. En el caso de los trabajadores que se vieron forzados a abandonar el mercado laboral por culpa de anteriores ajustes laborales tras las dos últimas crisis –en su mayoría con largas carreras de cotización–, la presión mediática e institucional parecía que estaba consiguiendo forzar al titular de Seguridad Social a replantearse su estrategia y acelerar la búsqueda de una solución. Pero Escrivá, a falta de un giro inesperado de última hora, pospondrá al segundo paquete de medidas de la reforma de las pensiones –que se presentará en 2022– cualquier solución a este asunto.

El ministro no quiere ceder ante los cerca de 540.000 afectados, que ya han conseguido que la mayoría de las comunidades autónomas –15 de las 17–, más de 40 ayuntamientos, una decena de diputaciones y sindicatos como UGT y CSIF hayan dado su apoyo a estas reivindicaciones, que principalmente reclaman que se eliminen los coeficientes reductores cuando se haya trabajado 40 años o más, que sea con carácter retroactivo y que se normalice para futuros pensionistas. A excepción de Canarias y La Rioja, todos los parlamentos regionales han aprobado proposiciones no de ley (PNL) para que se despenalicen estas prejubilaciones. Asjubi40 presentó una propuesta popular que ya ha sido convalidada por el Congreso y el Senado y será tratada en la próxima comisión del Pacto de Toledo, que tendrá lugar hoy por la tarde y que contará con la presencia de ministro Escrivá.

Pasado mañana, la asociación tiene previsto hacer entrega de una carta al ministro en la que pedirán que no atrase la solución a su reivindicación hasta 2022, como ha mantenido hasta ahora Escrivá, y le solicitarán que se les incluya en la mesa de negociación «porque somos los que conocemos mejor la problemática que nos afecta», lamentó el portavoz de Asjubi40, Santiago Menchero. Pero de momento, las buenas palabras que el ministro siempre ha tenido con este colectivo no se han traducido en una respuesta positiva y siempre ha rechazado esa posibilidad. Recuerdan que ya se ha cumplido el plazo de tres meses que el Pacto de Toledo dio al Ministerio para dar una respuesta y proponer una solución y esperan que hoy el ministro se atreva a hacer algún tipo de comunicación al respecto.

Sin embargo, fuentes ministeriales consultadas por LA RAZÓN han insistido en que esta problemática «se está todavía tratando en un estudio que están realizando los expertos del Ministerio. Se está viendo la incidencia en ese tipo de carreras de los coeficientes reductores, así como el impacto que tiene financieramente para la sostenibilidad y equidad en el sistema». Aunque las mismas fuentes señalaron que «no será presentado todavía al Pacto de Toledo», sí manifestaron que ministro seguro que «tratará el asunto» con los miembros de la comisión, pero «no podemos adelantar más allá de eso. No se puede avanzar nada hasta que el Pacto de Toledo lo conozca». Pero eso no será hoy.

Reforma de las pensiones

Según ha podido saber este periódico, el estudio está realmente avanzado y cabría la posibilidad de adelantarlo al primer paquete de la reforma de las pensiones. Pero según han confirmado las mismas fuentes, el calendario que Escrivá se ha marcado seguirá sin cambios. La reforma se pondrá en marcha en dos plazos, el primero de los cuales no sería aprobado hasta la segunda mitad de este año, después del verano, y en él se incluiría el nuevo mecanismo de revalorización de las pensiones, que se ligará al IPC, las penalizaciones a las jubilaciones anticipadas y que la edad efectiva de jubilación se equipare con la real.

El segundo se demorará al menos un año, hasta el segundo semestre de 2022, para el que se dejaría, entre otros asuntos, la creación del fondo de pensiones colectivo de promoción pública, dada su complejidad de ejecución, y las prejubilaciones forzosas y las de carreras largas de cotización. El empeño que mantiene el ministro en alargar al máximo y por encima incluso de la edad legal la jubilación juega en contra de las reivindicaciones de los prejubilados forzosos, aunque dado el apoyo recibido por la mayoría de las administraciones regionales y locales, el Ministerio podría replantearse cambiar su posición. «Es una posibilidad, que puede plantearse ante la presión que sufre el ministro», manifestaron otras fuentes de la negociación.

Pero el departamento de Escrivá se mantiene hasta ahora firme porque teme que, si cede con esta reclamación, la situación se descontrole y se extienda no solo a los trabajadores que sufrieron prejubilaciones forzosas, sino que pretenda ampliarse a todos aquellos que decidan jubilarse anticipadamente tras una larga carrera laboral de 40 o más años de cotización, algo a lo que el ministro Escrivá sí que se ha mostrado absolutamente contrario. Es más, pretende que se cumpla en el 99% de las jubilaciones anticipadas un coeficiente de reducción de la pensión del 8% por cada año de menos trabajado, que ya está establecido así en la actual legislación, pero únicamente se aplica en el caso de los trabajadores con una base reguladora media –hasta 19.500 euros– y sólo 36 años de cotización. Para los cotizantes de base media pero con más de 44 años de cotización, la penalización se reducía al 6,5%, mientras que los que cotizan sobre una base reguladora máxima –de más de 48.841 euros–, la reducción anual se quedaría en el 2%. El ministro quiere acabar con este sistema, pero en vez de igualar las reducciones por abajo –al 2%– lo hará por arriba –al 8%– y de forma generalizada, es decir, que a todos se les penalice al máximo.

Con este escenario, Asjubi40, ha ofrecido incluso al ministro que la aprobación de esta reforma ni siquiera sea con carácter retroactivo, es decir, que renuncian a que se les devuelva el dinero no percibido hasta ahora, pero que la norma que se apruebe les permita cobrar el 100% de su pensión a partir de ese momento.

UGT recuerda que la ley obligaba a estos trabajadores a jubilarse anticipadamente si percibían el subsidio por desempleo, a los 61 años, con el recorte que suponía. Aunque esta ley ya ha sido eliminada, UGT advierte de que ha estado perjudicando durante ocho años a estas personas.