El Gobierno sigue sin dar cobertura a más de 100.000 negocios dirigidos por autónomos que se mantienen fuera del plan de ayudas directas aprobado por el Consejo de Ministros. Han pasado casi dos semanas y la prometida ampliación de sectores y actividades brilla por su ausencia. La organización de autónomos UPTA ha advertido de que más de 100.000 negocios tendrán que cerrar definitivamente si el Ministerio de Asuntos Económicos no amplía las actividades que pueden acceder a las ayudas directas por valor de 7.000 millones. La Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (Cepyme) ha ido más allá y ha denunciado que si los requisitos del plan gubernamental no cambian, más de dos millones de pymes quedarán excluidas por culpa de los requisitos sectoriales establecidos, y cientos de miles de ellas estarán al borde del cierre.

Se esperaba que hoy el Consejo de Ministros adelantará algunos cambios en el plan, pero no ha sido así. Por lo que Eduardo Abad, presidente de UPTA, ha vuelto a reclamar que algunos sectores fundamentales de la microeconomía -como las tiendas de souvenirs, los agentes comerciales, salones de estética o las peluquerías- se incluyan y puedan acceder a las ayudas porque se les acaba el tiempo. “Que se haya dejado fuera a estas actividades tiene poca comprensión, pero todavía entendemos menos que se hayan dejado fuera de esta ayuda a los sectores más ligados a la formación no reglada, un sector fundamental desde el punto de vista del complemento a la educación curricular en distintas disciplinas, desde las academias de refuerzo formativo lectivo, hasta los centros de enseñanza musical, escénica o baile”, criticó.

Asimismo, UPTA ha calificado de “auténtica irresponsabilidad” que se hayan quedado al margen de estas ayudas cientos de actividades vinculadas al desarrollo económico en los ámbitos rurales o menos poblados, como los artesanos y las granjas escuela. Por ello, la organización reitera su exigencia de incorporar de forma urgente estos colectivos de trabajadores por cuenta propia y pequeñas empresas al catálogo de las actividades que pueden acogerse a estas ayudas. “No puede haber trabajadores de primera y segunda clase, no permitiremos que queden desamparados los autónomos de estos sectores de actividad”, ha vuelto subrayar Abad.

Por su parte, Cepyme sigue denunciando que las pymes se siguen encontrando con serias dificultades para poder acceder a estos fondos de ayuda financiera a fondo perdido y han mostrado su preocupación por los plazos, por la inconcreción de las cuantías que recibirá cada empresa, además de mantener su indignación porque sigan excluidos decenas de sectores de los listados de pertenencia al CNAE para dirimir la elegibilidad de las empresas. Critican que no obedece a ningún patrón que determine la viabilidad de las empresas ni el impacto económico que han sufrido durante la crisis. Asimismo, excluye a cientos de miles de compañías que también sufren pérdidas debido a las restricciones administrativas aprobadas y que, por tanto, “no pueden optar a compensaciones económicas que ayuden a su viabilidad”, sostienen fuentes de Cepyme.

Según su análisis, realizado con datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), el requisito de pertenencia a una serie de ramas de actividad concreta limita el acceso a las ayudas al menos a un 47% de las empresas, que se materializan en 1,5 millones de las más de 3,4 millones de empresas registradas. Sin embargo, el resto de requisitos administrativos que se exigen elevaría el número de pymes excluidas por encima del 53%, es decir, unos dos millones, que se quedarían fuera de las ayudas directas por no estar incluidas en alguno de los 95 sectores incluidos -de los casi 500 existentes- en la Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE) que se establecieron en el real decreto aprobado, y cuya promesa de ampliación aún no se ha concretado.