Advertencia de la OCDE a Sánchez: no subir impuestos hasta que la recuperación se consolide

En plena vorágine de avisos gubernamentales sobre lo será la próxima reforma fiscal, con la subida generalizada de impuestos, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) ha reclamado al Gobierno español que no realice en este momento subidas de impuestos hasta que la recuperación esté “firmemente en marcha” y que solo aplique algún incremento para corregir desequilibrios, pero solo tras la pandemia, cuando los índices económicos se hayan recuperado.

Además, recuerda que cualquier actuación tributaria debe incluir “mecanismos compensatorios” para los más desfavorecidos. En este sentido, y una vez la recuperación esté en marcha, el organismo ha recomendado que hay margen para “ampliar la base fiscal”, reduciendo el número de exenciones, reducciones y deducciones en la fiscalidad de las rentas.

En su informe ‘Going for Growth’, hecho público hoy, el organismo que agrupa a los países más desarrollados ha valorado que un sistema tributario “más efectivo” podría rebajar la desigualdad del país, así como limitar la contaminación y las emisiones con un incremento en la recaudación, que “proporcionaría financiación para las reformas del mercado de trabajo, educativa y de innovación”. Pero, a su vez, advierte de que “cualquier subida de impuestos solo se debería implementar una vez que la recuperación esté firmemente en marcha, y posiblemente necesite ir acompañada de medidas compensatorias focalizadas, pero limitadas en el tiempo, para los hogares más vulnerables”, ha concretado en su texto.

Esta misma semana, tanto el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como la titular de Hacienda, María Jesús Montero, han lanzado varias andanadas para allanar el camino y preparar a la opinión pública para lo que será una subida generalizada de impuestos a partir del próximo año.

Con este panorama, el organismo internacional ha realizado varias recomendaciones en el terreno fiscal, además de la anterior de la contención en la presión tributaria en plena crisis sanitaria, ha sumado la ampliación de la base imponible mediante la reducción de las exenciones en el impuesto sobre la renta y una menor utilización de los tipos reducidos del IVA en el futuro.

En contraposición, ha valorado de forma positiva la decisión del Ejecutivo de incrementar el IVA a las bebidas azucaradas y el gravamen sobre los servicios digitales, la denominada tasa Google. También da su apoyo al incremento a medio plazo de los impuestos sobre los combustibles fósiles, tanto sobre los carburantes de automoción como en el gasóleo de calefacción, para gravar las emisiones de dióxido de carbono (CO2), lo que tendría que ir acompañado de un dispositivo de redistribución en dirección de las familias más pobres para que no se vieran perjudicadas.

Los economistas que han elaborado este informe han querido también destacar que las debilidades de la economía española se han acrecentado y reforzado tras el impacto y las consecuencias de la pandemia. Entre las que señalan destacan el problema de alto desempleo, de las disfunciones del mercado laboral, sobre todo entre los jóvenes, una capacitación insuficiente de los trabajadores, las elevadas diferencias entre las distintas comunidades autónomas y, sobre todo, una altísima temporalidad que, apuntan, debe ser corregida.

La OCDE constata que los trabajadores con contratos temporales y con baja cualificación se han visto más afectados por la crisis, ya que en parte están más concentrados en sectores como el turismo y los cuidados a personas. Asimismo, subraya que debe potenciarse un aumento más rápido de la productividad y critica el poco esfuerzo que se realiza en mejorar la formación de la fuerza laboral y que las necesidades laborales de las empresas con frecuencia no se corresponden con el perfil profesional. Para eso, critica la actuación del Gobierno y advierte de que los servicios públicos de empleo “deberían estar más coordinados con las empresas”. También en la universidad, que debe mejorar la formación de sus alumnos “para alinearla más con el mercado laboral real”.

Además de la formación reglada, la OCDE también ha recomendado al Gobierno mejorar la eficiencia de las políticas activas de empleo mediante una mayor asignación de recursos a formación profesional para parados. Otra recomendación es crear programas públicos de formación laboral dirigidos a trabajadores poco cualificados o de mayor edad. En lo que respecta a las empresas, el club de países receta eliminar las regulaciones que dependen del tamaño de la sociedad, implementar la unidad de mercado en todo el país y reducir el número de contratos disponibles.