Las ayudas directas para pymes y autónomos podrán pedirse a partir del 1 de mayo

Diez días. Esa es la fecha límite que ha anunciado el Ministerio para transferir los fondos del plan de ayudas directas para empresas y autónomos que corresponden a cada comunidad autónoma. Será en un plazo máximo de diez días desde la firma del convenio, salvo que las comunidades soliciten que el «libramiento se haga en un momento posterior», explicó en una nota el Ministerio de María Jesús Montero, que reclama a los gobiernos autonómicos que inicien a la mayor brevedad los trámites necesarios para proceder a la firma con carácter de urgencia. Si se cumple ese plazo de diez días -para el 28 de abril-, los solicitantes podrán comenzar a presentar sus peticiones a partir del 1 de mayo, ya que la operatividad administrativa necesita ese tiempo para prepararse tras recibir los fondos.

El texto del convenio ya está adaptado a la perspectiva de que un cambio normativo permita a las regiones ampliar los sectores beneficiarios e incluir también como potenciales receptoras de las ayudas a las compañías afectadas por la quiebra de Thomas Cook. Al volver a delegar el Gobierno toda la responsabilidad en las comunidades en vez de asumir el Ministerio de Asuntos Económicos de Nadia Calviño la ampliación de posibles perceptores, podría producirse un nuevo retraso al no estar recogidos en el convenio los sectores concretos de la ampliación. En este caso, la fecha del 1 de mayo tendría que ser pospuesta al tener que determinar los nuevos sectores a proteger.

Las autonomías de régimen común tienen que firmar estos convenios para poder comenzar a disponer de los recursos que a cada una de ellas le corresponden de este fondo de 7.000 millones de euros. El decreto, que aún está tramitándose como proyecto de ley, las dos órdenes ministeriales y la firma del convenio darán luz verde a las comunidades para desplegar las ayudas directas. Los convenios a firmar regulan cuestiones relativas al intercambio de información entre los diferentes organismos tributarios, además de la obligación de proporcionar los detalles sobre las convocatorias de ayudas realizadas y los resultados de éstas, es decir, sobre los pagos o transferencias a los beneficiarios.

Así, las autonomías deberán remitir cada lunes a la Agencia Tributaria las peticiones que les lleguen de empresas y autónomos para las ayudas directas y cada mes tendrán que enviar al Ministerio de Hacienda la información de las resoluciones aprobadas con la entrega de dichas ayudas. Los convenios tendrán una duración de cuatro años desde la fecha de su inscripción en el Registro Electrónico Estatal de Órganos e Instrumentos de Cooperación. Además, se prevé la posibilidad de incluir adendas al texto principal de los convenios.

El Gobierno ya estableció de antemano el reparto de estos 7.000 millones de euros. Canarias será la principal receptora de estas ayudas, con 1.144,3 millones de euros, seguida de cerca por Andalucía, con 1.109,2 millones, y Cataluña, con 993,2 millones, lo que supone que estas tres autonomías recibirán el 46,38% de estas ayudas, mientras que la Comunidad de Madrid se sitúa en el quinto lugar de este reparto y recibirá 679,28 millones, un 9,7% del total. El resto de cantidades quedan de la siguiente forma: Baleares (855,74 millones de euros); Comunidad de Madrid (679,29 millones); Comunidad Valenciana (647,081 millones); Galicia (234,47 millones); Castilla y León (233,56 millones); País Vasco (217,99 millones); Castilla-La Mancha (206,34 millones); Murcia (142.52 millones) Aragón (141,34 millones); Asturias (107,76 millones); Extremadura (106,46 millones); Navarra (67,62 millones); Cantabria (55,36 millones); La Rioja (32,51 millones); Ceuta (13,85 millones) y Melilla (12,271 millones).