El Gobierno comunica a Bruselas su intención de implantar peajes en todas las autopistas

El Ejecutivo asegura en su Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia que es preciso desarrollar “un sistema de pago por uso de la red de vías de alta capacidad”

Señal de peaje de la autopista R-3, en las inmediaciones de Madrid
Señal de peaje de la autopista R-3, en las inmediaciones de MadridJesus G. FeriaLa Razón

No hay fecha ni plan conocidos para hacerlo, pero lo que sí parece ya bastante evidente es que en el seno del Gobierno existe la firme voluntad de implantar peajes en todas las vías de gran capacidad españolas. La última muestra de esta intención la ha dado el Ejecutivo en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia en el que se esbozan las líneas maestras de las actuaciones a acometer para absorber los más de 70.000 millones de ayuda que llegarán a España desde Bruselas para superar la crisis del coronavirus.

En el apartado del proyecto dedicado a infraestructuras sostenibles, el documento asegura que “es preciso desarrollar un sistema de pago por uso de la red de vías de alta capacidad que permita cubrir los costes de mantenimiento e integrar las externalidades negativas del transporte por carretera como sucede en el resto de infraestructuras”. En otro pasaje del documento referido a movilidad sostenible se habla también de “la implementación de planes de movilidad de pago por uso urbano”.

Preparación del terreno

El Gobierno lleva mucho tiempo preparando el terreno para la implantación de peajes en la red de vías de gran capacidad españolas, la que menos kilómetros tarificados tiene que toda Europea. El ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, ha repetido en varios ocasiones que, para su mantenimiento, hay que elegir entre los Presupuestos del Estado o el pago por uso, advirtiendo de que las arcas públicas dan para lo que dan y que hay otros programas, como las pensiones y la sanidad, que detraen muchos recursos e insinuando que, si se mantiene la fórmula actual sin pago, tal vez no hay suficientes recursos para estas partidas.

Ábalos, en cualquier caso, no quiere dar un paso de este calado en solitario. El secretario de Estado de Infraestructuras, Pedro Saura, aseguró hace unos meses que una medida de este calado tiene que ser aprobada con el consenso de todos los partidos para que perdure en el tiempo “y no ocurra como con las pensiones”. Siendo cierto esto, también lo es, como ha defendido siempre el sector, que ningún partido se ha atrevido hasta ahora a dar este paso porque sabe el alto coste político que le pasaría una medida tan impopular como esta.

Como explica el Gobierno en el plan remitido a Bruselas, el instrumento en el que se recoge la necesidad de implantar el pago por uso en las vías de gran capacidad es la Ley de Movilidad Sostenible que está preparando el Mitma. A mediados de febrero, el Departamento que dirige José Luis Ábalos publicó un resumen con las principales aportaciones realizadas en consulta pública por particulares e instituciones al anteproyecto de ley. Y una de las conclusiones que el Ministerio ha sacado es que la opción de implantar peajes en las vías de gran capacidad tiene un apoyo incluso más amplio del que podrían haber imaginado en las oficinas de Nuevos Ministerios. En el apartado relativo a financiación y subvenciones a las infraestructuras, el documento asegura que “respecto a la implantación de peajes urbanos para acceso a las ciudades, parece haber más consenso sobre su implantación. En general, las propuestas a favor consideran que deben tenerse en cuenta las características del vehículo, su ocupación y/o el nivel de congestión y contaminación”, dice el análisis.

El resumen también da a entender que hay un amplio consenso respecto a uno de los principios que sirven de base para los que reclaman la extensión de los peajes a toda la red de alta capacidad, el de que el que contamina, paga. “En general, se acepta la entrada en la senda de una fiscalidad verde centrada en la reducción de emisiones, siguiendo el principio de quien contamina, paga”, asegura.

Ingresos en tiempos de crisis

Los defensores del pago por uso de las autopistas sostienen que sería la forma más eficaz de captar recursos para su conservación en un contexto de estrecheces presupuestarias como el actual. Dado que la mayoría de vías de gran capacidad españolas tienen ya amortizados sus costes de construcción, Seopan defiende, por ejemplo, la introducción de un peaje blando de 9 céntimos por kilómetro. Según sus cálculos, si se generalizan los peajes en los 14.000 kilómetros de vías de gran capacidad interurbanas, el Estado podría lograr unos ingresos de 104.000 millones de euros en los 25 años de duración de las concesiones.

Los peajes urbanos también cuentan con el respaldo no sólo del sector concesional sino también del académico. Seopan publicó tiempo atrás un estudio realizado a petición suya por ATKearney que asegura que la iniciativa reduciría los atascos entre un 30% y un 50% en las horas punta de los días laborables, lo que redundaría en un impacto estimado por el ahorro de tiempo que no se perdería en estos embotellamientos de 70.000 millones de euros en 25 años, según ATKearney.