Descontrol deliberado del Gobierno

Invertir 70.000 millones de euros en pocos años no es un reto sencillo para nadie. Ni otorgándoselos a los empresarios más exitosos del planeta conseguiríamos que se invirtieran de un modo moderadamente eficiente. Por eso, debería haber resultado del todo exigible que el reparto de tal suma de dinero hubiese estado supervisado por diversos contrapoderes externos y ajenos al Gobierno con tal de garantizar que no será dilapidado en promover a aquellos grupos de poder que muestren mayores lealtades hacia el Ejecutivo.

Por desgracia, PSOE y Podemos se aseguraron desde un comienzo que nadie, salvo ellos mismos, controlara la distribución de esos fondos que deberían haber servido para impulsar un salto cualitativo en la modernización de la economía española. No han pensado en diseñar el mejor marco institucional para los ciudadanos, sino en imponer el mejor marco político para sus partidos.

De ahí que ahora mismo nos estemos topando con una absoluta incapacidad estatal para definir con sentido los diferentes proyectos en los que se espera gastar tal capital: el plan provisional de inversión de los fondos europeos no es más que un copia y pega de otros documentos previamente elaborados por el Ejecutivo.

Carece de la concreción necesaria para conocer cada uno de los objetivos que se pretende alcanzar, así como de la parametrización suficiente de esos objetivos para verificar si finalmente se han alcanzado o no. La razón de tan escasa diligencia es sencilla: el único y auténtico objetivo del Gobierno es instrumentalizar los 70.000 millones de euros de un modo poco transparente para maximizar sus opciones de permanecer en el poder.