El ERE de BBVA dispara las alarmas del Gobierno

La gran banca española vive tiempos de reestructuración con la aplicación de expedientes de regulación de empleo masivos. El último, el de BBVA, tras confirmarse la supresión de 3.800 empleos en España, además del cierre de 530 oficinas, el 21,3% de su red. Este plan de ajuste se aplicará tanto en los servicios centrales como en la red de sucursales, pese a que la entidad no se ha visto implicada en ningún proceso de fusión recientemente.

Las bajas anunciadas por la entidad que preside Carlos Torres, junto a las que pretende llevar a cabo CaixaBank tras su fusión con Bankia, restarían a sus plantillas este año 12.100 trabajadores, a los que habría que sumar unas 1.500 salidas de la fusión de Unicaja Banco y Liberbank, los más de 3.500 empleados afectados por el ERE acordado a finales del pasado año por Banco Santander y los 1.875 del ajuste previsto por el Banco Sabadell. En total, la cifra final alcanzaría los 19.000 trabajadores.

Este descomunal ajuste ha hecho sonar todas las alarmas en el Gobierno, que ayer salió en tropel para intentar paralizar el tsunami de despidos que se avecina. La ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, volvió a advertir ayer que estos expedientes «no se corresponden en absoluto ni con la situación económica del país ni con la de las propias entidades», y reclamó «responsabilidad» a los banqueros y que se busquen «todas las alternativas». La ministra criticó especialmente que mientras se plantean duros expedientes de empleo «se paguen unos sueldos y unos bonus inaceptables» a los directivos. Por eso, pidió ayer al Banco de España que intervenga para que «estén alineados con la evolución del sector y la economía. Si hay miles de despidos tiene que haber ajuste en todas las partes».

Por su lado, el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, pidió a las entidades que han planteado estos despidos que deberían recordar las ayudas públicas recibidas durante la anterior crisis, que les permitió «limpiar sus balances con ayudas públicas, incluso con la asunción de deuda por parte del Estado en la Sareb».

Desde Bruselas, la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha afeado a los bancos que «no son tiempos para plantear ERE» y ha defendido que todos deben remar hacia el «mantenimiento del empleo».

No lo entiende así BBVA, que llevará a cabo 3.000 bajas en la red de oficinas, alrededor de un 21% del total, mientras que de los servicios centrales saldrían las 798 personas restantes, el 5%. En cuanto al plan de reducción de 530 sucursales, la región más afectada sería Cataluña, que vería echar el cierre a 204; a continuación se situaría la zona Centro, con 101, principalmente en Madrid y Castilla-La Mancha; 76 de Andalucía, Extremadura, Ceuta y Melilla; 59 de Galicia, Asturias y Castilla y León; 41 de País Vasco, Cantabria, Navarra, La Rioja y Aragón; 35 de Valencia, Baleares y Murcia; y 14 restantes de Canarias.

La entidad ha justificado su decisión por «la profunda transformación que está sufriendo el sector», marcada por una «enorme presión competitiva, bajos tipos de interés, la adopción acelerada de los canales digitales».

La reacción de los sindicatos ha sido inmediata. La tensión entre ambas partes ha ido creciendo durante las últimas semanas, culminando con las denuncias sobre las «coacciones insostenibles» a las que se ve sometida la plantilla «por parte de los mandos intermedios del banco», denuncian desde CC OO, que ven este plan como «una vergüenza y un escándalo cuando se reparten bonus millonarios». No descartan las movilizaciones «desde el minuto cero».

El plan de despidos diseñado por la entidad pretende buscar una solución rápida y en el corto plazo. La dirección no quiere dilatar en exceso el proceso y se ha puesto como límite máximo hasta el próximo verano.