Cataluña, la región europea con mayor presión fiscal

El Gobierno pretende que España salga de los últimos vagones del tren europeo de la presión fiscal. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y la de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, llevan meses preparando el terreno con el mensaje de que hay mucho margen para subir impuestos porque la diferencia con los países de nuestro entorno es aún muy amplia. Pero este diferencial varía en extremo según la metodología que se utilice, y, como es obvio, las dos principales ministras económicas del Gobierno utilizan la que más les conviene: la ratio de ingresos totales –la utilizada por Eurostat para medir la presión fiscal–. Con este baremo, España alcanzó una carga impositiva del 39,2% en 2019, 6,9 puntos inferior a la de la Unión Europea, situado en el 46,1%, y 7,2 puntos inferior a la de la Eurozona, del 46,4%. Esto colocaría a nuestro país como el octavo de la UE en presión fiscal, por debajo de Dinamarca (53%), Francia (52,6%) o Finlandia (52,2%).

Montero –que ya ha iniciado un plan para poner en marcha su reforma tributaria con un Comité de Expertos– ha defendido que pretende cerrar esta supuesta brecha «para sostener el Estado del bienestar» y hacer frente a una pandemia cuyos efectos «perdurarán mucho tiempo. Tenemos que hacer frente a la recuperación y al sostenimiento de la economía». Su objetivo es aumentar los ingresos en más de 70.000 millones de euros teniendo en cuenta el PIB de 2020.

Pero las dudas entre los expertos independientes han saltado desde el primer momento. Funcas, el Consejo General de Economistas (CGE), la Asociación Española de Asesores Fiscales (Aedaf), el Instituto de Estudios Económicos (IEE)... Todos tienen dudas sobre si realmente existe esa brecha fiscal entre españoles y europeos. Y sus conclusiones no apoyan los postulados de Montero. La semana pasada, el IEE presentó su informe «La competitividad fiscal de las comunidades autónomas», entre cuyas conclusiones destacan que la subida fiscal que pretende llevar a cabo el Ejecutivo hundiría hasta 10 puntos el PIB de 2022, destruiría alrededor de dos millones de empleos y tendría un efecto contractivo en toda la economía, además de demostrar que la presión tributaria es mayor que la existente en los países del entorno «si se tiene en cuenta el menor nivel de renta y la mayor economía sumergida».

Según el estudio de esta prestigiosa entidad privada, es falso que España esté por debajo de la media de la UE en presión impositiva, ya que empresas y ciudadanos cuentan con una presión normativa –la relacionada directamente con la renta y con cifras de 2020– diez puntos superior a la media de la UE. En concreto, de 110 puntos, frente a 100 del promedio europeo.

Diferencias

En este contexto, Madrid obtendría una presión fiscal de 87,6 puntos, la más favorable de España y la quinta mejor del continente, en línea con los territorios forales, País Vasco y Navarra. En el lado contrario se situaría Cataluña, que ateniéndose a la presión normativa obtendría el peor resultado de este índice, ya que se elevaría hasta los 134,5 puntos, el más alto de toda la UE y con una diferencia de 46,9 puntos con respecto a Madrid.

Así, madrileños, vascos o navarros se sitúan en unos niveles de presión fiscal normativa similares a los países bálticos –los de menos imposición de Europa–, República Checa, Suecia o Luxemburgo. En contraste, y a pesar de que hay una apreciable diferencia entre regiones, la mayor parte de las comunidades españolas presentan una presión fiscal normativa sensiblemente superior a la de la media de la UE. Y las peor paradas, casi en exclusiva, son las autonomías gobernadas por el PSOE, pese a que la peor parada siga siendo Cataluña, en manos de los independentistas.

En su caso, es la región con un mayor número de impuestos propios de toda España, casi veinte, y son de los más altos por ejemplo en Sucesiones, Donaciones, Patrimonio, IRPF y en gravar con tasas verdes. Tan alta presión tributaria no se ha traducido en una mayor recaudación ni en una mejora de su economía ni de sus servicios. Al contrario, Cataluña ha perdido en los últimos años su hegemonía económica en favor de Madrid, cuya apuesta contraria ha beneficiado en varios puntos su economía y la ha colocado al frente del ranking nacional.

Para el presidente del IEE, Íñigo Fernández, aumentar la imposición, como sugiere el Gobierno, resulta «altamente negativo», ya que elevar los impuestos no es sinónimo de mejora de la recaudación y, a veces, tiene «el efecto contrario» porque desincentiva la inversión y potencia la economía sumergida, que es «sustancialmente más elevada» que en la media de la UE en cerca de siete puntos. Así, Izquierdo pidió seguir el ejemplo de Madrid, cuya economía sumergida se encuentra en la media europea, sobre el 16%. «Madrid ha logrado recaudar más, potenciar su economía, reducir el fraude fiscal e integrar en el sistema más economía sumergida y, por tanto, recaudar más impuestos, y todo ello apostando por bajarlos». Para Izquierdo, el problema «es de bases imponibles, no de tipos», ya que el esfuerzo fiscal –la recaudación en función de la capacidad económica– en España es mayor que en Europa, por lo que para aumentar la recaudación sería necesario atajar la economía sumergida e impulsar la recuperación.

Empleo

Recuerda también el IEE que mantener la libertad de los territorios para que puedan reducir los impuestos que cobran a sus contribuyentes mejora el crecimiento económico, ya que bajar impuestos «incentiva la ubicación de las empresas y la creación y mantenimiento del empleo», por lo que la competitividad depende, en gran medida, de la transparencia y eficiencia del sistema fiscal, ya que «un territorio con menores costes tributarios será más atractivo para la inversión de las empresas» y tenderá a experimentar un mayor crecimiento económico y más recaudación fiscal que aquellos con una presión mayor. Por tanto, cualquier armonización de tributación entre comunidades debería hacerse a la baja, y no al alza, como defiende el Gobierno.

También Funcas ha advertido en varias ocasiones que el sacrificio fiscal de los contribuyentes españoles está muy por encima del de países con mayor poder adquisitivo.

La última en desmentir a Montero ha sido la Asociación Española de Asesores Fiscales (Aedaf), cuyo informe «Los tipos efectivos del Impuesto sobre Sociedades en España», presentado la semana pasada, concluye que el tipo efectivo del Impuesto sobre Sociedades en 2018 –el último año contabilizado por Hacienda– fue, de forma global, igual al 22,60%, lo que pone de manifiesto que el tipo nominal real es del 25%. «Eso significa que sería de los más altos de Europa y que estaríamos dos puntos por encima del tipo medio nominal del continente, que está situado en el 23%». Recuerda también que España apenas ocupa en puesto 28 de competitividad fiscal en la OCDE, lo que significa que «hay 28 países mucho más competitivos y atractivos fiscalmente que el nuestro».