La Comisión Europea va a investigar si cursos de formación a parados impartidos en Cataluña y cofinanciados con fondos europeos han discriminado a aquellos potenciales beneficiarios que sólo hablan castellano. El comisario europeo de Empleo y derechos Sociales, el luxemburgués Nicolas Schmit, pedirá a la autoridad competente del Fondo Social Europeo en España que proporcione más información, detalles o explicaciones sobre el uso de las lenguas en los programas de formación cofinanciados impartidos en Cataluña y que tome, en su caso, «las medidas necesarias de corrección» si se detectase algún tipo de discriminación en los mismos.

Schmit ha anunciado la medida en una carta de respuesta fechada el día 23 de abril, a la que ha tenido acceso LA RAZÓN, al europarlamentario de Ciudadanos Jordi Cañas, que previamente había envíado otra misiva al político luxemburgués denunciado la situación.

En su requerimiento, Cañas aseguró que el Gobierno regional de Cataluña “viola los derechos de los ciudadanos castellanoparlantes, amparados en la Constitución Española, el Estatuto de Autonomía y los artículos 21 y 22 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, al impedir a personas desempleadas el acceso a los cursos de formación financiados por el Servicio Catalán de Empleo (SOC) por cuestión de lengua”.

Aunque la ley que regula la creación y funcionamiento de este servicio catalán establece como principio rector «la igualdad de oportunidades en el acceso al empleo, sin discriminación por razón de sexo, etnia, edad, estado civil, adscripción política, afiliación sindical, religión, origen, opinión, lengua», el artículo 5.8 de la Orden catalana TSF/170/2018 estipula que deberá «utilizarse normalmente el catalán como lengua vehicular y los materiales didácticos elaborados por las entidades beneficiarias debe[rán] estar redactados al menos en catalán». Esta, medida, según denuncia el eurodiputado de la formación naranja, «atenta contra numerosas resoluciones judiciales que niegan la condición de vehicular al catalán y exigen el respeto al bilingüismo a las instituciones públicas, y que crea una barrera de acceso a la formación a los castellanoparlantes», concluye el parlamentario europeo de Ciudadanos.

Aunque el presunto caso de discriminación es achacable a la Generalitat de Cataluña, el hecho de que la Comisión Europea vaya a solicitar las aclaraciones al Gobierno español tiene que ver con que la implementación de las acciones cofinanciadas es responsabilidad de los estados miembro, al nivel territorial más adecuado y de acuerdo con el sistema institucional de cada país». En cualquier caso, cualquier programa, prosigue, debe cumplir tanto las leyes del propio país como la normativa de la Unión Europea para poder ser financiado.